lunes, 11 de marzo de 2013

¿SOBRAN LOS COLEGIOS?



¿SOBRAN LOS COLEGIOS?


A expensas de realizar un estudio más profundo, cuando por la Comisión creada al efecto dentro de la Asociación el Patio de mi Colegio se nos ofrezcan las conclusiones alcanzadas, no puedo al menos hacer alguna que otra matización al correo que, con fecha 18 de Enero de 2013, nos remitió el Colegio de Abogados de Gijón sobre este tema. Dicho correo rezaba lo siguiente:


 ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA CELEBRADO EN MADRID EL 17 DE ENERO DE 2013. Justo al día siguiente de la celebración del Pleno, promovido por los Decanos de seis Colegios (Albacete, Burgos, Cáceres, Cartagena, Gijón y Reus)  todos los colegiados de Gijón teníamos en nuestros despachos los puntos del citado acuerdo). Está claro que, cuando interesa, las reuniones fluyen aún a costa de que para redactar tan predecibles siete puntos se hayan tenido que afrontar los consabidos gastos de alojamiento, comida, avión, etc., sufragados con las cuotas que religiosamente abonamos al Colegio por un lado y al Consejo General de la Abogacía por otro. Pero claro, pensemos que se estaba poniendo en juego el pan de algunos Decanos (y no me refiero a lo que cobran) y cuando quedan tocados sus propios intereses, que no la de los Colegiados, la cosa cambia.


 Ante la existencia de un borrador de Ley de Servicios Profesionales que establece la desaparición de muchos de los 83 Colegios de Abogados actualmente existentes en España, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española adopta el siguiente pronunciamiento público: Como me hubiera gustado ver esa fuerza, claridad de ideas y llamamiento a la unidad cuando salieron los borradores de anteproyecto de la Ley de Tasas y de Asistencia Jurídica Gratuita, que nos están llevado al actual Vía Crucis. Pero sigamos, que lo que viene a continuación no tiene desperdicio. Son las razones por las que algunos Colegios no deben desaparecer.


 1.- Los Colegios de Abogados tienen como una de sus principales funciones organizar y garantizar la asistencia jurídica gratuita por abogados a los ciudadanos que carecen de medios suficientes para costearse el acceso a la administración de justicia. Yo creía que el fin de los Colegios era la  ordenación del ejercicio de la profesión, su representación ante la sociedad y los poderes públicos, la defensa de los derechos e intereses profesionales de los Abogados, el control deontológico y la potestad disciplinaria, así como la formación inicial y permanente de los colegiados, pero no, se nos ha colado “el Justiciable” de nuevo, tan de moda y tan socorrido de echar mano en toda lucha que se intente maquillar. Hasta hace bien poco se utilizaba al Justiciable como ariete contra “la Gallardonada”, pero ante el nulo éxito alcanzado se empieza a relegar ya a un ultimo lugar.  Pongo como ejemplo la última lista de reivindicaciones hecha por las asociaciones de jueces y fiscales que fueron a la huelga el pasado día 20 de febrero donde las reivindicaciones relacionadas con la Ley de Tasas ocupa el último lugar. Aplaudo que al menos vayan con la verdad por delante. Cada colectivo, de lo que sea, siempre ha defendido sus intereses, no los de otros. Por supuesto que todos hacemos nuestras las reivindicaciones de los justiciables, como no podía ser de otra forma, pero no seamos hipócritas, por favor. Cada colectivo, insisto, a lo suyo, que por los justiciables tendrán que dar la cara otros. En otras palabras, organizar y garantizar la asistencia jurídica gratuita por abogados a los ciudadanos que carecen de medios suficientes para costearse el acceso a la administración de justicia entiendo que no debe ser una de las principales funciones de un Colegio profesional. Colaborar de una manera eficaz para que los ciudadanos que carecen de medios suficientes puedan acceder a la administración de justicia sí, pero siendo la propia Administración la que costee el 100 % de esos gastos. La pervivencia de un Colegio no debe depender únicamente de organizar y garantizar la asistencia jurídica gratuita a los justiciables. Eso es al menos lo que se nos está intentado transmitir.


 2.- Los Colegios de Abogados desarrollan esa y otras funciones públicas financiándose, en su mayor parte, con sus propios fondos a cargo de sus colegiados, sin que su existencia suponga por tanto carga económica alguna para el Estado. Sigue sin aparecer la verdadera finalidad de los Colegios de Abogados y, además, se nos deja bien claro que somos nosotros los que financiamos el desarrollo de esa función pública. ¡Toma ya!. Yo pensaba que eso era función de la propia Administración Autonómica o del Estado y, en caso de asumirla los Colegios, debería ser remunerada en su totalidad por estos últimos. Si ya financiábamos el Turno de Oficio a costa de las retribuciones miserables que percibimos, ahora nos enteramos que además financiamos la  propia organización del mismo. 


 3.- Es importante que la labor de atención a los ciudadanos se desarrolle desde la mayor cercanía geográfica posible, lo cual en la actualidad está razonablemente asegurado por la distribución territorial de los 83 Colegios de abogados existentes. Pobre razonamiento. En pleno siglo XXI debería de haber medios suficientes para que los justiciables tramiten sus peticiones con independencia de donde se encuentren. Si bien me parece adecuado que la atención al ciudadano se realice lo más cerca posible a su lugar de residencia, insisto en que no puede ser un motivo de importancia a la hora de defender la subsistencia de un Colegio. Los colegiados, los que costeamos con nuestras cuotas la organización de la asistencia jurídica gratuita y la propia subsistencia del Turno con remuneraciones vergonzosas, solo podemos oír, ver, callar y seguir recibiendo estas humillantes comunicaciones. Serán necesarios los Colegios, no digo que no, pero no por esos motivos.


 4.- La supresión de cualquiera de los Colegios de Abogados actualmente existentes supondría una severa obstaculización al derecho de los ciudadanos a contar con la atención próxima y adecuada de abogados para la defensa de sus derechos y para el acceso a la Administración de Justicia. Es difícil llegar a este punto sin empezar a sonrojarse e indignarse. Está claro que los Colegios se han convertido en la segunda casa del justiciable y estos la llave de su supervivencia. Los colegiados estamos en un segundo o tercer, vete tú a saber, escalón, y solo se nos utiliza con objetivos electoralistas y poco más. ¿De mis derechos como abogado y de los gravísimos problemas que sufre esta profesión cuando van a empezar a hablar?. Un Colegio que solo tenga referencias a los justiciables, olvidando cual es su verdadera razón de ser, ni es Colegio ni es nada.

 5.- La Abogacía tiene plena capacidad organizativa de los 83 Colegios que la integran, garantizando la existencia de unas normas comunes para todos de conformidad con el artículo 36 de la Constitución. ¿Obviedades de relleno?.



 6.- Sería un error de alcance incalculable la supresión de la colegiación  obligatoria de todos los Abogados y el examen de acceso a la profesión. No mezclemos churras con merinas, por favor. Una cosa es regular el acceso a la profesión y otra, bien distinta, la necesidad o no de la existencia de la colegiación obligatoria para que los Colegios sigan funcionando como lo vienen haciendo hasta la fecha, es decir, mal. Si tanto nos gusta mirar fuera de nuestras fronteras hagámoslo, pero no olvidemos que en otros países la atención al justiciable se hace a través de una impecable formación del abogado, al que se le exigen mil y un exámenes y procesos de reciclaje, pero nunca utilizándolo como moneda de cambio, y menos exigiéndole que sea él quien sufrague de sus bolsillo, con sus cuotas y bajas remuneraciones, gran parte del coste de la asistencia jurídica gratuita.


 7.- Por todo ello el Consejo General de la Abogacía Española solicita la reconsideración del proyecto normativo existente para que en el mismo se respete la existencia de los 83 Colegios de Abogados españoles. Resumen: Mucho nerviosismo y poca información para los Colegiados, los verdaderos “dueños” de los Colegios. Motivos habrá para que algunos Colegios no desaparezcan pero infórmesenos y convénzasenos con otros argumentos de peso, no con esto. No me vale como único argumento que se utilice al justiciable una y otra vez machaconamente. Los colegiados debemos exigir el protagonismo que nos merecemos. Dejémonos de falsos quijotismos. Todos sabemos cuales son los motivos reales de tanto nerviosismo. Colegios, puede que sí, pero para defender los intereses de sus colegiados, no los propios de otros.


 Ya digo, pobre, muy pobre e impropio de un Colegio como el de Gijón que se nos remita un panfleto como este, lleno de medias verdades que solo hace desconcertar  un poco más al colegiado, del que no se hace ni la más minima mención. Todavía recuerdo a aquella compañera que, no hace mucho, me pidió disculpas por borrarme de su blog un comentario donde denunciaba lo mismo que hago hoy: la hipocresía de la gente. Según ella las cosas había que maquilarlas. No era conveniente hablar con claridad del perjuicio que la Ley de tasas iba a ocasionar a nuestros despachos, so pena de que la opinión pública se nos echara encima, por lo que había que pelear desde la óptica del justiciable… 


 Para finalizar y a pesar de mis múltiples referencias al justiciable, dejaré bien claro que en mi muchos años de pertenencia al Turno de Oficio y salvo en una ocasión, solo tengo buenas palabras y recuerdos. Los muchos detalles que ciudadanos con pocos recursos han tenido conmigo son incontables, haciendo que mantenga con muchos de ellos una más que cordial relación. Precisamente por eso no puedo estar más en desacuerdo con la ruin utilización que se hace de mi colectivo y de los justiciables.


 Invito encarecidamente a los compañeros de toda España que me puedan leer a que expresen en este blog cual es su opinión al respecto. 


 Un abrazo a todos.


 José Armando García Roces

Colegiado nº 1.922 de Gijón y miembro de la CEAT

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