El Fiscal General ha anunciado en diversas ocasiones estos días sus proyectos para la Fiscalía y para la Justicia penal en España. Ha hablado de la supresión de las faltas; de la potenciación de los Juicios rápidos; de la introducción de factores reglados en los nombramientos en la Fiscalía; la visualización de la independencia del Fiscal respecto del Gobierno; un nuevo proceso penal... Son proyectos muy importantes que en algunos aspectos ayudarán a mejorar las cosas. En el buen camino, pero no creo que sea suficiente.
No me cuento entre los que creen que el Juez de Instrucción sea una institución garantista en absoluto. No es ni mucho menos un Juez de garantías. El Juez de instrucción está comprometido con la investigación y por ello tiene un conflicto con el investigado. Ese Juez no garantiza debidamente los derechos del inculpado porque tiene obligaciones diferentes: está escindido en sus deberes. Debe averiguar la verdad -esa es su misión- y si para hacerlo ha de restringir los derechos del investigado lo puede hacer. El Juez de garantías es otra cosa. Ese juez no está comprometido más que con los derechos del acusado, con que la investigación se realice sin indebidas vulneraciones de los derechos del investigado. No conviene confundir ambas figuras, porque no son lo mismo. La pervivencia del Juez de Instrucción (cuya ventaja indudable es la independencia) condena al sistema procesal español -además de continuar siendo una rara avis en Europa- a un sistema de investigación que hoy es abiertamente inquisitivo.
Estoy de acuerdo con la supresión de la mayor parte de las faltas, no de todas; aunque podría abordarse en ese terreno la atribución de facultades de discrecionalidad al Fiscal en la persecución de ciertas faltas así como de ciertos delitos menores, ante la evidencia de que no se puede perseguir todo. Debería abordarse también un estudio de las competencias de la Fiscalía que hoy están hiperdesarrolladas. El Fiscal interviene en demasiadas cosas y no hay medios para tanto: hay que seleccionar. Habría que poner un tiempo máximo para la investigación de los delitos -como pasa en media Europa-, rindiendo cuenta el investigador al Juez de garantías en caso de sobrepasarlo. Habría que acabar con la investigación contradictoria, fuente principal de los atrasos de nuestra Justicia penal. Es bueno potenciar el modelo de enjuiciamiento de los Juicios rápidos (pensemos en las posibilidades del art. 801.2 de la LECr.). Pero hay que abordar ya mismo el tema de la ejecución, donde infinidad de procedimientos se atascan. Hay que introducir la mediación con las víctimas como medio alternativo al castigo, y -muy importante- abordar de una vez la supresión de ciertos aforamientos e inmunidades carentes de fundamento en una democracia avanzada.
Hay que aumentar la atribución de libertad a cada fiscal en su trabajo (eliminando controles -pero manteniendo el visado, claro-: no me gusta ver en Juicio a Fiscales "atados" a un escrito) y exigir también la responsabilidad de quien se equivoca o no respeta el contenido de instrucciones y circulares. Me llama la atención la impunidad -penal y disciplinaria- del Fiscal cuando el Juez es condenado por seguir las peticiones del propio Fiscal.
Me gusta oír hablar de "blindaje" a los Fiscales, pero claro, para ello hay que garantizar que la política de nombramientos y ceses no suponga en la práctica un castigo a los Fiscales "blindados". Tampoco me parece que la cuestión de los nombramientos se arreglen con la ficha curricular. Hace falta transparencia en el Consejo Fiscal (un órgano que necesita una reforma profunda en mi opinión); hace falta motivación en los nombramientos; hace falta hablar un poco sobre la inspección fiscal; hace falta oir a los candidatos; y ha de haber espacio para el recurso en caso de decisiones arbitrarias.
Mucho trabajo, si. Pero si es tiempo de reformas, mejor que estas se orienten a arreglar las cosas de verdad.
José Antonio Medina.
vocal de la Confederación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario