MANIFIESTO DEL DIA DE
LA JUSTICIA GRATUITA 2014
ES TU TURNO
DEFIENDELO
El acceso a la Justicia es un
derecho fundamental de toda persona y una garantía de que nadie, por razones económicas
o de otra índole, pueda quedar sin defensa jurídica. Ese derecho se encuentra
en peligro en España con motivo del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que no
garantiza la viabilidad económica del Servicio
del Turno de Oficio mediante el que se dispensa ese derecho.
La Justicia Gratuita, el derecho
constitucional al acceso a la Justicia de todos y en condiciones de igualdad,
se garantiza por los Colegios de Abogados a través de los abogados que
voluntariamente se inscriben en el Turno de Oficio y dedican una parte de su
labor profesional a defender a quienes no podrían costearse la defensa de sus derechos.
Son más de 42.000 abogados en toda España, 733 en Zaragoza, disponibles 24
horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales,
garantizando el acceso a la justicia y la defensa a todas las personas que
carecen de recursos económicos suficientes.
La nueva Ley de Justicia Gratuita
no incluye en ésta prestaciones imprescindibles para que el derecho de defensa
sea una realidad plena. No incluye la asistencia de abogado previa al proceso
judicial en todos los casos, ni la asistencia a los presos, ni la designación
de profesionales para la acusación particular por las víctimas del delito que
quieran defender sus derechos, ni la exención de determinados pagos (cauciones,
depósitos y consignaciones), ni la posible intervención de diversos
profesionales que podrían ser necesarios en el proceso e incluso ayudar a su
solución sin necesidad de llegar a sentencia. Es el caso del mediador, del árbitro,
del contador partidor, del administrador judicial o concursal, del intérprete o
traductor para los extranjeros. Y ello pese a que el proyecto de ley mantiene,
e incluso amplia, la justicia gratuita, por razones exclusivamente políticas, a
determinados colectivos que pueden disponer de recursos suficientes para
litigar.
La nueva Ley de Justicia Gratuita
no garantiza que los abogados de oficio sean retribuidos por todas las
actuaciones que obligatoriamente se les asignen; incrementa de manera
innecesaria y arbitraria la carga burocrática ligada a la prestación del
servicio; prevé un régimen disciplinario inadecuado y desproporcionado que raya
en la desconfianza; no elimina los problemas técnicos que dificultan la labor del
abogado de oficio en el ejercicio de su funcióny, por lo tanto, obstaculizan
que el derecho del ciudadano se haga realidad.
La nueva Ley de Justicia Gratuita
incrementa de forma innecesaria la burocracia que implica la gestión y
organización del Servicio. Esta labor recae en los Colegios de Abogados y no se
puede cargar a estas corporaciones de derecho público con un exceso de
burocracia que impide o hace inviable su actual cometido, la tramitación de las
solicitudes de justicia gratuita que efectúan los ciudadanos y el control deontológico
de la actuación de los abogados, y se les debe asignar la dotación económica
suficiente para que puedan llevar a cabo la función que la ley les asigna.
La nueva Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita viene a dificultar la necesaria proximidad entre el abogado y
su defendido, beneficiario de justicia gratuita, así como el control deontológico
del abogado que efectúan los Colegios de Abogados al suprimir la exigencia de
que el abogado tenga residencia y despacho abierto en el ámbito del Colegio
donde lo va a llevar a cabo. Se llegará así al contrasentido de que un abogado de
Cádiz podrá inscribirse en el Turno de Oficio de Zaragoza o uno de Valencia en
el deVigo ¿Qué defensa digna se
pretende que se facilite así?
La nueva Ley no preserva el
derecho de defensa al exigir que el ciudadano beneficiario de la justicia gratuita deba
ratificar su solicitud cuando desee recurrir una sentencia. De la misma forma
establece la necesidad de tramitar nuevamente la solicitud de justicia gratuita
transcurrido un año de la concesión inicial. Por ello, los Colegios de
Abogados, con motivo de la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita y la celebración de Día de la Justicia Gratuita,
manifestamos:
DEFENDEMOS
una justicia gratuita de calidad,
prestada por los abogados con inmediatez y cercanía, con una infraestructura
digna y con unos medios materiales adecuados en función del servicio que se
presta, todo ello en beneficio de los ciudadanos.
REIVINDICAMOS
el reconocimiento, a todos los
niveles, de la figura y labor del Abogado de Oficio, cuyo esfuerzo y
profesionalidad resultan encomiables e indispensables para que el Estado de
Derecho sea real y plenamente efectivo.
CONSIDERAMOS
imprescindible que la nueva Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita dignifique la labor del abogado de oficio,
garantice el cobro de sus honorarios y mejore su estatus en aras a que el
servicio goce del mayor prestigio y calidad en beneficio de los más
desfavorecidos.
SOLICITAMOS
que con la finalidad de
garantizar su viabilidad económica, la Ley sea negociada con las administraciones
que han de soportar los costes de la justicia gratuita, así como con el resto
de los profesionales afectados.
RATIFICAMOS
el compromiso histórico de la
Abogacía con la Justicia Gratuita y en la búsqueda constante e incondicional,
conjuntamente con todas las administraciones y operadores intervinientes, de
cuantas medidas resulten eficaces para conseguir la mejora del servicio y redunde
en una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos.
12 de julio de 2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario