- INDEPENDIENTES, SÍ; BELIGERANTES, TAMBIÉN -
Nunca hasta hace relativamente poco tiempo se había hablado en los pasillos de los Juzgados españoles, como en la calle, como en los medios de comunicación, como en los propios mentideros políticos, de la Justicia Gratuita. Nunca. Y no lo hacen discutiendo legítimamente sobre las distintas posibilidades que ofrece la ineludible reforma de un sistema que a todo el mundo se le antoja superado por los tiempos después de más de 30 años de vigencia de la Constitución. Por primera vez muchos ciudadanos comienzan a oír de los Abogados de Oficio y no sólo quien solicita la prestación de este servicio público sino el más común de los ciudadanos escucha, oye y ve lo que ocurre en torno a esa extraña especie de profesionales que nos defienden gratis total porque para eso "a Vd. le paga el Estado", que suelen decir…
Como decía el clásico, que hablen de uno, aunque sea bien.
Y es que hay que hablar de la Asistencia Jurídica Gratuíta en España. Del Turno de Oficio. De los Abogados de Oficio. De ese servicio público que consagra el art. 119 de la Constitución y que nos han enjaretado a nuestro colectivo profesional en unas condiciones que se nos antojan, siendo livianos, como más propias de lo que algún compañero de Confederación ha llamado "mano de obra cualificada y barata; los jornaleros andaluces del siglo XXI con estudios universitarios"; y yo añadiría más: mano de obra cualificada, barata y muda… ¡Hasta ahora! Eso es en lo que nos hemos convertido, sin un ápice de vocación por ello, Dios nos libre, los Abogados de Oficio en nuestro país a lo largo de las últimas décadas.
Y como dicen que en esta vida no hay nada que dure para siempre, pues esos "siervos de la gleba del siglo XXI" se han cansado ya de ser tales, de ser famélicos camareros que sirvan los más excelsos y sabrosos manjares a los comensales (muchos de los cuales ni siquiera han pagado el cubierto en este "restaurante" que con barra libre que es nuestro Welfare State), mientras ellos mismos, esos camareros con toga y título universitario colgado en una pared, son/somos eso: famélicos, hambrientos y aherrojados del ágape por unos poderes públicos de todo signo político que no han dudado en usar y abusar de nuestra presunta condición de "ONG-Jurídicas" (tal es lo que parecemos realmente) para conseguir que trabajemos con la misma calidad técnica y asumiendo la misma responsabilidad que en nuestros, por otro lado, cada día menos numerosos asuntos particulares, pero a un precio que se queda por debajo del que dicta el mercado en cuatro o cinco veces como media en la mayoría de los casos. Es cuando a lo largo y ancho de toda España empiezan a sacudirse el yugo de la esclavitud algunos compañeros que, ausente el miedo, presente la dignidad, se van decidiendo paulatinamente a levantarse en armas (jurídicas, civilizadas todas) frente a la injusticia y a la opresión.
En las últimas semanas hemos asistido expectantes e ilusionados a la reacción que una gran parte de compañeros madrileños han protagonizado en la legítima defensa de sus intereses profesionales frente a la vergonzosa y vergonzante actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid que les venía adeudando una suma de hasta treinta millones de euros, consecuencia del impago de casi un año de prestación del Turno en dicha región. No son los primeros. No serán los últimos nos tememos. Es una situación endémica.
Hace ya muchos años, en Asturias ya se levantaron los compañeros tanto del Colegio de Gijón como de la Corporación hermana de Oviedo para protestar por una atmósfera que resultaba –y sigue resultando- irrespirable; corrían los años ochenta del pasado siglo, bonanza económica para todos excepto para la Abogacía de Oficio. No es por tanto ésta la de Madrid la primera "huelga" ni mucho menos en el mundo de la Abogacía de Oficio en toda España, como con ignorancia supina mencionaba algún medio de comunicación económico en las últimas semanas; hubo otros pioneros en el Norte de España hace ya muchos años. Uno, que aún cursaba el último año de la licenciatura en la Universidad allá por finales de los años ochenta, pero que ya estaba en contacto con el mundo real de la profesión en la que se iba a imbricar al año siguiente al matricularse en la Escuela de Práctica Jurídica como estudiante de quinto de carrera, todavía recuerda lo que nos contaban los compañeros entonces sublevados cuando nos decían que el entonces Juez-Decano de Gijón les amenazó con procesarles por delito si no cesaban en su actitud de no prestar más Guardias y Asistencias en las condiciones en las que estaban desarrollando su profesión; y cómo el entonces Decano de aquel Colegio se achantó y se plegó ante la altisonante y prepotente amenaza de un "sheriff" que con sus puñetas en la toga nos hacía la ídem, o sea, la puñeta, terminando "manu militari" con una legítima huelga o cesación de la prestación del servicio a fuerza de ser más puristas en técnica legal. Un Decano que, poco tiempo después, en una Conferencia sobre el Turno, contestó a este compañero vuestro que "el problema del Turno de Oficio lo tienen que resolver los jóvenes; yo ya soy muy viejo para meterme en esas cosas"…, en afirmación por su parte de inspiración inequívocamente joseantoniana que aseguraba que los problemas de España sólo los podían resolver los menores de cuarenta años. Dicho por un compañero de a pie esa frase sonaría a insolidaridad; dicho por quien en esos momentos ostenta el cargo de Decano de un Colegio de Abogados, obligado a luchar y hacerse eco de todos los problemas de su colectivo le afecten o no a él personalmente, suena a despropósito de quien medra para sentarse en una poltrona y permanece ajeno a cuantos problemas aquejan a un colectivo al que juró defender; justo lo mismo que viene sucediendo ahora, transcurridos más de veinte años, con la generalidad de Decanos en toda España, y sobremanera con quien preside el Consejo General de la Abogacía, que se obstinan en “pecar por omisión” a la hora de plantar cara y batalla por la defensa de nuestros legítimos intereses. El caso parece ser que es llegar, como sea, al coste que sea; altius, fortius, certius, como dice el lema olímpico, a los más altos puestos de representación corporativa y no importa a costa de qué, ni de quién, ni pasando (o pisando) quién o qué.
Frente a eso se alzan ahora los compañeros de Madrid. Y frente a eso se han alzado, antes que los de Madrid, los compañeros de Almería, los de Cádiz, los de Miranda de Ebro, los de La Coruña, los de Laredo, los de Oviedo (ya en los años ochenta, llegando a recurrir hasta el mismísimo Tribunal Supremo para defender la bondad de nuestras huelgas); y frente a eso nos alzamos también, durante más de dos meses, los compañeros de Gijón cuando durante Enero y Febrero del 2.009 tuvimos en jaque a nuestro propio Colegio (ya es triste, pero los Colegios no suelen estar del lado de sus colegiados más que para cobrarles las cuotas) y a la Consejería de Justicia del Principado de Asturias. Una Consejera que se autoelevó su salario anual en 5.000 euros "porque yo lo valgo", porque no podía consentir (sic) que un funcionario público de categoría "A" (ese que tiene una licenciatura universitaria de ciclo largo, con muchos y duros años de estudios encima, que se esforzó en sacar adelante una exigente oposición) percibiese un salario más elevado que ella, olvidando que ella no deja de ser alguien sin oficio ni beneficio designada dedocráticamente por el poder político para un cargo para el cual no tiene la suficiente cualificación (déficit endémico en casi todos nuestros políticos) pero que le sirve para acusar públicamente en los medios nada menos que de "peseteros" sin temor de represalias a todo un colectivo que clama simplemente por un trato justo y digno para con su condición.
Como no dejamos de recordar, el servicio público de la Justicia Gratuíta en España está sustentado en la intervención de los Abogados como últimos garantes de que se respete y se vele por la tutela judicial efectiva también con aquéllos que son los más desfavorecidos económicamente de la sociedad. Mas en los últimos años esos beneficiarios del servicio han aumentado exponencialmente debido a criterios esencialmente políticos (son más votos los que pueden captar de los potenciales beneficiarios del servicio que los votos de los 38.000 Abogados que lo prestamos en toda España), lo cual tiene dos efectos perniciosos: mientras cada vez hay más asuntos de Oficio en nuestros Juzgados y Tribunales, paralelamente quedan menos clientes particulares que requieran nuestros servicios profesionales; y por otro lado, los poderes públicos (léase Ministerio allá donde corresponda; CC.AA. donde estén traspasadas las competencias en materia de Justicia) se han ocupado y preocupado de congelar e incluso disminuir las cantidades consignadas en Presupuestos para el pago de los Abogados del Turno de Oficio. El problema de la congelación y de los atrasos en los pagos es general en la mayor parte de España: Madrid, Asturias, Andalucía…; y denunciado incluso por el Informe del Observatorio de Justicia Gratuita, que alude a ellos como algo "crónico". El problema de la disminución de la partida presupuestaria destinada a Justicia Gratuita empieza a ser preocupante en lugares como la Comunidad Valenciana (donde su Consejera de Justicia dijo que debían rebajarse las asignaciones económicas de los Abogados de Oficio en nada menos que un 30 % porque "están saliendo muy caros"…) o Cantabria, por citar sólo dos ejemplos; porque destinar para el año 2.011 la misma cantidad que se destinó en el 2.010 para pagar el Turno es tanto como decir que se está disminuyendo la partida destinada al pago del servicio, cuando además, como quedó dicho, año tras año está creciendo el número de solicitantes (y beneficiarios) de dicho servicio. Luego a más solicitantes unimos menos dinero presupuestado, y el resultado de ese cóctel explosivo es que el Abogado tiene que atender a más justiciables al cabo del año a cambio de menos dinero que lo percibido durante el ejercicio precedente; si antes eran cantidades pírricas, ahora es humor negro decir lo que "ganamos" con el Turno. ¿A alguien les extraña que, así las cosas, por toda España salten las chispas de una rebelión larvada durante decenios?
Dicho lo cual, merece un análisis profundo la actitud, motivaciones últimas y sinceridad de criterios por parte de quienes han abanderado gran parte de las movilizaciones madrileñas de las últimas semanas.
Distintas Asociaciones de Abogados en la Comunidad de Madrid han sido determinantes a la hora de intentar movilizar al colectivo frente al intolerable retraso de la Administración autonómica madrileña a la hora de pagar los atrasos de todo un año de tan callado como eficaz trabajo de los compañeros de Oficio. Sin embargo, algo que a priori podría resultar netamente positivo (sacar el conflicto a la calle, presionar a la Administración con medidas de fuerza que amenace el status quo de la situación…) nos resulta, a los compañeros de la Confederación, decepcionante:
Por un lado, parece ser que el único problema que existe para algunos en relación al Turno de Oficio es el retraso más o menos puntual o crónico de la Administración a la hora de pagar las "subvenciones", "indemnizaciones" o "compensaciones" que –con las normas en la mano- son las maneras eufemísticas de denominar técnicamente a las ínfimas y ridículas cantidades que perciben los Abogados de Oficio madrileños una vez que han sido expropiados de su trabajo; porque tal parece que esa limosna que nos dan sea el "justiprecio" (sic) con que la Administración nos "compensa" una vez que ha decidido, a fortiori, expropiarnos nuestra actuación profesional.
Fijados así los términos del debate, hay que decir que si bien las mentadas Asociaciones de Abogados se han venido dedicando a combatir los efectos perniciosos de un sistema que no admite más demoras a la hora de echarlo abajo para construir otro (de ahí nuestra definición programática de luchar por lograr la Refundación Integral del Turno de Oficio), extremo en el que la CEAT no puede por menos que estar absolutamente de acuerdo, nuestra Confederación va, como dice el Escudo de España en las Columnas de Hércules, "plus ultra", más allá. No nos contentamos con que nos paguen puntualmente, o con que la Administración haga frente a unos intereses de demora que en justicia debe abonar, sino que lo que queremos es llegar mucho más allá y lograr que se cambie totalmente el sistema, que se refunde el Turno de Oficio de manera integral y se liquide el sistema vigente por franco agotamiento para edificar otro totalmente nuevo, con una filosofía totalmente distinta, que haga que realmente la Asistencia Jurídica Gratuita en España lo sea para los que realmente lo necesiten y bajo unas condiciones económicas, sociales, profesionales y de todo tipo que resulten justas y adecuadas para el pilar sobre el que ha de incardinarse forzosamente todo ese entramado: el Abogado de Oficio.
Y vemos con tristeza que algunos se dedican a combatir el dolor de cabeza, pero no combaten cuáles sean las causas últimas de ese dolor de cabeza. Hay que determinar la etiología de ese dolor, y no se paran a combatir más que los efectos del mal (cefalea), pero no el mal en sí (tumor), que es realmente lo importante y lo que hará que, una vez localizado y erradicado el mal, desaparezcan radicalmente sus perniciosos efectos.
La Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (CEAT) combate y quiere combatir el mal en sí mismo considerado, el tumor, porque somos conscientes de que una vez hayamos erradicado ese tumor, los efectos que de él despiden (el dolor) habrán pasado igualmente a la historia. Y mientras diversas Asociaciones de Abogados se satisfacen a sí mismas viendo cuán radicales son a la hora de combatir el pago con retrasos por parte de la Administración Pública, la CEAT no descansará hasta que desaparezca la causa última de esos impagos coyunturales: que el sistema no es bueno y el sistema hay que cambiarlo por otro que funcione y satisfaga punto por punto todos y cada uno de los apartados que figuran en el Programa Máximo de esta Confederación. ¿De qué sirve cobrar ahora lo que nos deben del año pasado, 2.010, con casi un año de retraso por cierto, si lo que ahora cobramos es a costa de lo que estaba presupuestado para ese mismo concepto en el presente ejercicio 2.011? ¿Tapamos un agujero abriendo otro? ¿Y con eso se contentan esos compañeros? ¿Es tan fácil engañar groseramente a profesionales tan competentes y tan capaces como unos Abogados? Nos negamos a creerlo…
El "pan para hoy, hambre para mañana" nunca será consuelo ni mucho menos objetivo de nuestra Confederación. No queremos parchear nada, de ahí que no queramos reformar la Ley de 1.996 que regula este servicio público, sino que queremos sustituirla por otra totalmente nueva, con rango de Ley Orgánica, que promueva un concepto totalmente distinto de Asistencia Jurídica Gratuita al que actualmente tenemos en España (cfrs. Punto 1 de nuestro Programa confederado). ¿Qué harán esos compañeros cuando dentro de unos meses, el año que viene, los retrasos se vuelvan a repetir, las deudas crezcan una vez más, y la Comunidad de Madrid eche mano de los Presupuestos del 2.012 para pagar lo que adeude del 2.011? Y eso porque se le apremie nuevamente con movilizaciones, osos morosos y pintoresquismos varios… Creemos honestamente que la solución al conflicto ha de tener una mira más elevada, debemos ir –repito- "plus ultra", mucho más allá de conseguir ese "pan para hoy", porque tenemos que fijar las bases para que haya pan hoy, mañana, pasado y siempre. Y no tener que andar parcheando todo el día o saliendo a la calle todo el día porque nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato y solucionar de una vez por todas este enquistado problema.
Esa es una primera diferencia de matiz, y de gran calado, entre la Confederación que compañeros de toda España hemos formado desde el Congreso de Gijón en el 2.009 y otras formaciones que, o bien por ser localistas en determinados territorios y no tener vocación de representatividad nacional, o bien por ser colectivos que sólo puntual y parcialmente responden a los problemas derivados del Turno de Oficio porque no están ideadas ni tienen su origen en querer combatir la problemática concreta y específica del Turno de Oficio, estimamos que por sí solas no van a poder lograr las mejoras radicales que nosotros pretendemos: bien por ni siquiera plantearse tan altos y contundentes objetivos, bien por contentarse con el parcheo nuestro de cada día, con tener pan para hoy y mañana Dios dirá.
No. Esta Confederación está convencida de que o nos arremangamos de una vez y afrontamos una solución global y universal respecto de este asunto, o nunca veremos colmadas nuestras legítimas pretensiones en un momento histórico favorable como nunca hasta ahora habíamos tenido delante. No nos vale a los Abogados integrados en la Confederación que ahora la Comunidad de Madrid anuncie el pronto pago de los emolumentos atrasados o ni siquiera que los pague ya de manera inmediata como razón última para abortar los anunciados paros en la prestación del servicio para el próximo 15 de Marzo; sobre todo cuando al mismo tiempo sabemos que lo que nos está pagando –como ocurre en Madrid- son cantidades que al parecer no han sido actualizadas desde el año 2.003. ¿Acaso la Abogacía de Oficio debe conformarse con tan alicortas pretensiones? ¿Debemos conformarnos con cobrar ya por nuestro trabajo lo que nos pagan a precio del 2.003, cuando hace ocho años además esos importes ya no tenían nada que ver con los que dictaba el mercado en aquel momento? ¿Tan poquito pedimos?
Si nuestros compañeros los Abogados de Oficio quieren comer hoy para dejar en el aire el pan de mañana para sus familias, bien está que se haga como hacen esas otras Asociaciones. Si por el contrario nuestros compañeros los Abogados de Oficio (de Madrid y de toda España) quieren comer hoy y quieren dejar sentadas las bases para que mañana el pan de sus hijos esté igualmente asegurado como el de hoy, entonces no queda otra que dar un paso al frente y adoptar la radicalidad bien entendida del mensaje de la CEAT: solucionar definitivamente el problema para tener el pan hoy, mañana y siempre; sin necesidad de periódicas confrontaciones con la Administración ni con nadie, sin necesidad de suspender ningún servicio, sin necesidad de ninguna algarada callejera que nosotros protagonicemos o que la Policía nos provoque, como también ha sido el caso desgraciadamente en los últimos días.
Por otro lado, este compañero vuestro estima muy prudentemente que cualquier Asociación de Abogados, cualquier movilización, cualquier reivindicación que plantee la Abogacía de Oficio en nuestra Lucha ha de ir limpia de cualquier contaminación ideológica o política. Nuestra razón de ser es exclusivamente profesional y a lo profesional han de plegarse todas nuestras actuaciones. No es malo sino todo lo contrario que una persona tenga sus propias ideas políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza; máxime en los profesionales libres del Derecho, que somos personas de pensamiento y no intelectualmente planos como una mesa. Cosa distinta es que nos dejemos llevar por nuestras filias y fobias de los poderes temporales.
Personalmente soy partidario y he sido siempre paladín en mi Colegio de promover el cese total de la prestación del servicio del Turno y, sobremanera, las Asistencias al Detenido, como medida última de presión en aras de conseguir nuestros objetivos profesionales; creo que es el órdago más fuerte que tenemos los Abogados a la hora de presionar a los poderes públicos exigiendo lo que es nuestro: cuando los detenidos hayan de ser puestos en libertad a las 72 horas sin que ningún compañero de Oficio le haya asistido, veremos a los políticos a nuestros pies ofreciendo negociar. Medida última o una más, pero que considero medida útil que no debemos perder de vista y que, llegado el momento, se podría analizar su virtualidad para simultanearla en todos los Colegios de España o en todos aquéllos, al menos, en donde tengamos alguna representatividad. Al igual que la compensación de cuotas, la exigencia de intereses de demora u otras medidas que al amparo incluso de la ley podemos y, llegado el caso, deberemos afrontar si queremos avanzar: sin ir más lejos, agotar el plazo máximo de ocho horas al acudir a asistir a un detenido, exprimiendo ese plazo legal hasta los últimos cinco minutos de esas ocho horas contando el plazo desde que nos avisen de un Juzgado o una Comisaría; seríamos escrupulosos con la ley, ningún compañero podría sufrir represalia alguna ni a nivel legal ni disciplinario, pero esa auténtica y genuina "huelga de celo" podría echar abajo el Turno penal en unos pocos días si el poder político no se aviene a negociar. Luego hay medios, muchos, éstos son sólo ejemplos, para poner al pie de los caballos a nuestros opresores en la justa defensa de nuestros intereses.
Ahora bien: lo que ya no me parece tan de recibo es cometer delitos de desórdenes públicos como si fuéramos otros colectivos de trabajadores que a veces parecen cualquier otra cosa antes que eso. Sinceramente no veo qué puede ganar nuestro colectivo con provocar cortes de vías públicas, como parece ser que ha sido el caso en Madrid recientemente: la animadversión popular, la asimilación de un Abogado con un ¿trabajador? de la minería o del sector naval (algo que en Asturias nos resulta muy familiar desafortunadamente), y desde luego ningún beneficio objetivo a corto, medio o largo plazo. Nuestra lucha, aun la más contundente que sea, ha de regirse por criterios de legalidad formal absoluta y, todo lo más, flirteando entre un lado y otro de la línea roja, pero jamás sobrepasándola en aspectos que además nada tienen que ver con la profesión porque no se trata de vulnerar la ley en algo que tenga íntima relación con el servicio (p.ej., plante total en Guardias), sino de hacerlo en cosas que nada tienen que ver con nuestras reivindicaciones de fondo como son cortar el tráfico en una calle.
Distinta lectura ha de tener, forzosamente, la vergonzosa actitud de quien sea el responsable último de la impresentable actuación de la Policía Nacional cuando se blinda la entrada a la casa de todos los Abogados de la capital de España mediante un cordón policial que recuerda tiempos pretéritos felizmente fenecidos y que pone al colectivo al borde del precipicio porque –ahí sí- los Abogados que pretenden entrar en "su" Colegio nada malo hacen al ejercitar uno de sus derechos políticos que como colegiados les corresponden, pero a ojos del espectador ocasional de unos servicios informativos hace aparecer a nuestro colectivo como lo que no es: alborotadores profesionales de dudoso pelaje. Y eso NO se puede consentir: ni a la Comunidad de Madrid, ni al Ayuntamiento de Madrid, ni al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; a nadie que sea el responsable de ese uso y abuso de la fuerza pública que pagamos todos –también el Abogado de Oficio- en beneficio de intereses espúreos. Vaya desde aquí mi solidaridad y apoyo personal y explícito y el de toda la Confederación en su conjunto a todos y cada uno de aquellos compañeros que el otro día han sufrido en sus carnes tamaña agresión injusta tanto física como moral por parte de la Policía a las puertas del ICA-Madrid, nuestra solidaridad y nuestra condena sin paliativos a tan desproporcionada como inoportuna muestra de fuerza bruta contra los garantes históricos de la libertad; no hallo muchas diferencias entre ese atropello cometido contra nuestros compañeros y los que está sufriendo en las últimas horas la población civil del Reino de Bahrein: mientras unos sátrapas opresores visten chilaba y turbante, otros lo hacen con traje y corbata; pero son igualmente sátrapas e igualmente opresores. También en Gijón sabemos lo que es convocarnos a las puertas de un Juzgado o de una Consejería de Justicia y ver que hay casi más policías antidisturbios que Abogados concentrados…
Bochornoso y deleznable.
Quede claro que desde la Confederación que me honro en presidir nos jactamos de ser cada uno de un sitio ideológico, moral, religioso y hasta deportivo distinto (cada uno tiene sus filias y sus fobias), pero nuestro común denominador y la esencia que nos da fuerza es la firme convicción de que estamos en la CEAT sólo y exclusívamente para defender intereses estrictamente profesionales de la Abogacía de Oficio de toda España; de los de izquierdas, de los de derechas, de los de centro, y de los mediopensionistas. De todos. Y que para ello hemos de atacar frontalmente a cualquier poder político que nos oprima o se oponga a la legítima consecución de nuestros objetivos programáticos fundacionales: sean éstos de derechas, de izquierdas, de centro o también mediopensionistas. El por qué es muy sencillo: la CEAT no ha nacido para ser caja de resonancia de ninguna ideología, de ningún partido político, de ninguna confesión religiosa, de ninguna corriente filosófica; la única fidelidad que para la CEAT resulta irrenunciable y que para quienes tenemos el orgullo de pertenecer a la CEAT como padres fundadores resulta un timbre de honor es la defensa a ultranza, con nuestros radicales planteamientos, de los intereses exclusívamente profesionales y corporativos de todos los Abogados de Oficio de España, pertenezcan o no pertenezcan a la Confederación. Y si para eso tenemos que tumbar o declarar la guerra a un Gobierno central o autonómico de un signo o de otro, no dudaremos en hacerlo, sea quien sea y del color que sea. Pero mantendremos siempre y en todo lugar nuestro discurso sea quien sea el interlocutor afectado: cualquier sesgo político, cualquier representante corporativo. Sólamente somos fieles a nuestros principios y valores, a nuestro Programa, a la filosofía de fiel camaradería y compañerismo y amistad que acompañó a todos en el Congreso de Abogados del Turno de Oficio que celebramos en Gijón hace dos años por primera vez en la Historia de España… que ya es decir. Y esta Confederación que aún da sus primeros pasos nació de allí y se debe al llamado "Espíritu de Gijón" que consiguió romper por primera vez la insolidaridad sempiterna de la profesión y aunarnos en un proyecto común e ilusionante que, por carecer de carga ideológica alguna, se dota precisamente de una mayor fuerza moral y efectiva a la hora de defender nuestros intereses con total independencia, pero a la vez con total beligerancia frente a todo lo que obstaculice nuestros objetivos programáticos; de ahí el título de este artículo.
Sólo la Confederación garantiza a sus afiliados y simpatizantes una total independencia de criterio a la hora de defender nuestros intereses, pues somos conscientes de que, como ocurre con la llamada "zona azul" de las zonas de estacionamiento reguladas para los vehículos por los Ayuntamientos, ésto no es un problema con los gobernantes de un color o de otro porque a la hora de la verdad, cuando de explotar al ciudadano-Abogado se trata, y en este caso no somos sólo explotados sino expropiados de nuestro trabajo, tanto nos da que esas Administraciones que actúan como autoridades expropiatorias sean de un signo o de otro, porque casualmente todas se acaban poniendo de acuerdo para hacer todas lo mismo: expropiarnos nuestro trabajo y negarnos el pan y la sal. Como ocurrió siempre, en democracia y sin democracia, con unos Gobiernos y con otros. Con todos. Bueno será, por tanto, que los Abogados de Oficio en toda España nos unamos bajo una misma férula que, por su doble condición de independiente de todos y de todo y sin tener más sujeción que a sí misma, y de franca y radical beligerancia contra quienes nos oprimen desde tiempos inmemoriales, no puede ser bajo otras siglas que bajo las de la CEAT, la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita.
En definitiva, y ya para terminar, la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (CEAT) quiere hacer oír su voz en todo momento y lugar para defender, sin sujeción a ideología política o poder alguno, ni dependencia de ninguna clase, los genuinos y legítimos derechos e intereses profesionales de los Abogados españoles que abnegadamente venimos prestando el servicio público de la Asistencia Jurídica Gratuita para los más desfavorecidos económicamente. Y para privar de autoridad alguna a quienes, al servicio de intereses ocultos y difícilmente confesables, impiden por medio de la fuerza bruta y no de la razón, la ley y el Derecho -todo completamente al revés de lo que es timbre de honor en un Abogado-, la presencia y participación de quienes aherrojadamente estamos protagonizando la batalla por cambiar radicalmente las cosas que no nos gustan y que juzgamos deben cambiar si no queremos dinamitar desde dentro la fuente de ingresos de una profesión de la que vivimos y queremos seguir viviendo en beneficio propio y de nuestras familias.
Independencia en nuestro actuar, absoluta. Beligerancia a la hora de defender nuestros intereses, irrenunciable.
Germán-Ramón Inclán Méndez
ICA-Gijón
Presidente de CEAT
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