lunes, 7 de julio de 2014

CONCENTRACIÓN EN ZARAGOZA CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

 


LOS ABOGADOS ZARAGOZANOS ESTAN CONVOCADOS POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZA A MOSTRAR SU POSTURA CONTRARIA A EL PROYECTO DE JUSTICIA GRATUITA

13:30 horas: Concentración de la Junta de Gobierno y representantes del Turno de Oficio y Servicios de Orientación Jurídica al pie de la Estatua del Justicia de Aragón, en la Plaza Aragón, y lectura del Manifiesto elaborado por la Junta de Gobierno del Colegio y el Consejo General de la Abogacía.



VIERNES 11 DE JULIO, A LAS 13,30 HORAS, PLAZA DE ARAGON ¡TE ESPERAMOS!

 

MANIFIESTO DEL DIA DE LA JUSTICIA GRATUITA 2014
ES TU TURNO DEFIENDELO

El acceso a la Justicia es un derecho fundamental de toda persona y una garantía de que nadie, por razones económicas o de otra índole, pueda quedar sin defensa jurídica. Ese derecho se encuentra en peligro en España con motivo del proyecto de  Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que no garantiza la viabilidad económica del  Servicio del Turno de Oficio mediante el que se dispensa ese derecho. 


La Justicia Gratuita, el derecho constitucional al acceso a la Justicia de todos y en condiciones de igualdad, se garantiza por los Colegios de Abogados a través de los abogados que voluntariamente se inscriben en el Turno de Oficio y dedican una parte de su labor profesional a defender a quienes no podrían costearse la defensa de sus derechos. Son más de 42.000 abogados en toda España, 733 en Zaragoza, disponibles 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales, garantizando el acceso a la justicia y la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes. 


La nueva Ley de Justicia Gratuita no incluye en ésta prestaciones imprescindibles para que el derecho de defensa sea una realidad plena. No incluye la asistencia de abogado previa al proceso judicial en todos los casos, ni la asistencia a los presos, ni la designación de profesionales para la acusación particular por las víctimas del delito que quieran defender sus derechos, ni la exención de determinados pagos (cauciones, depósitos y consignaciones), ni la posible intervención de diversos profesionales que podrían ser necesarios en el proceso e incluso ayudar a su solución sin necesidad de llegar a sentencia. Es el caso del mediador, del árbitro, del contador partidor, del administrador judicial o concursal, del intérprete o traductor para los extranjeros. Y ello pese a que el proyecto de ley mantiene, e incluso amplia, la justicia gratuita, por razones exclusivamente políticas, a determinados colectivos que pueden disponer de recursos suficientes para litigar.

La nueva Ley de Justicia Gratuita no garantiza que los abogados de oficio sean retribuidos por todas las actuaciones que obligatoriamente se les asignen; incrementa de manera innecesaria y arbitraria la carga burocrática ligada a la prestación del servicio; prevé un régimen disciplinario inadecuado y desproporcionado que raya en la desconfianza; no elimina los problemas técnicos que dificultan la labor del abogado de oficio en el ejercicio de su funcióny, por lo tanto, obstaculizan que el derecho del ciudadano se haga realidad.

La nueva Ley de Justicia Gratuita incrementa de forma innecesaria la burocracia que implica la gestión y organización del Servicio. Esta labor recae en los Colegios de Abogados y no se puede cargar a estas corporaciones de derecho público con un exceso de burocracia que impide o hace inviable su actual cometido, la tramitación de las solicitudes de justicia gratuita que efectúan los ciudadanos y el control deontológico de la actuación de los abogados, y se les debe asignar la dotación económica suficiente para que puedan llevar a cabo la función que la ley les asigna.
 

La nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita viene a dificultar la necesaria proximidad entre el abogado y su defendido, beneficiario de justicia gratuita, así como el control deontológico del abogado que efectúan los Colegios de Abogados al suprimir la exigencia de que el abogado tenga residencia y despacho abierto en el ámbito del Colegio donde lo va a llevar a cabo. Se llegará así al contrasentido de que un abogado de Cádiz podrá inscribirse en el Turno de Oficio de Zaragoza o uno de Valencia en el deVigo ¿Qué defensa digna se pretende que se facilite así?


La nueva Ley no preserva el derecho de defensa al exigir que el ciudadano beneficiario de la justicia gratuita deba ratificar su solicitud cuando desee recurrir una sentencia. De la misma forma establece la necesidad de tramitar nuevamente la solicitud de justicia gratuita transcurrido un año de la concesión inicial. Por ello, los Colegios de Abogados, con motivo de la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la celebración de Día de la Justicia Gratuita, manifestamos:

DEFENDEMOS

una justicia gratuita de calidad, prestada por los abogados con inmediatez y cercanía, con una infraestructura digna y con unos medios materiales adecuados en función del servicio que se presta, todo ello en beneficio de los ciudadanos.

REIVINDICAMOS

el reconocimiento, a todos los niveles, de la figura y labor del Abogado de Oficio, cuyo esfuerzo y profesionalidad resultan encomiables e indispensables para que el Estado de Derecho sea real y plenamente efectivo.

CONSIDERAMOS

imprescindible que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dignifique la labor del abogado de oficio, garantice el cobro de sus honorarios y mejore su estatus en aras a que el servicio goce del mayor prestigio y calidad en beneficio de los más desfavorecidos.

SOLICITAMOS

que con la finalidad de garantizar su viabilidad económica, la Ley sea negociada con las administraciones que han de soportar los costes de la justicia gratuita, así como con el resto de los profesionales afectados.

RATIFICAMOS

el compromiso histórico de la Abogacía con la Justicia Gratuita y en la búsqueda constante e incondicional, conjuntamente con todas las administraciones y operadores intervinientes, de cuantas medidas resulten eficaces para conseguir la mejora del servicio y redunde en una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos.

12 de julio de 2014

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