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viernes, 29 de julio de 2016

DECLARADA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES POR VULNERAR EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

DECLARADA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES POR VULNERAR EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

Tasas
A punto de acabar el año judicial, cuando miles de profesionales de la abogacía se preparan para las ansiadas vacaciones tras once meses de duro trabajo, acaba de publicarse una noticia largo tiempo esperada en el mundo vinculado a la Administración de Justicia. Y es que, en efecto, acaba de saltar en mi móvil una alerta del diario El español, y al abrirla no pude menos que congratularme por el contenido del titular: El Tribunal Constitucional salva a las pequeñas y medianas empresas del “tasazo” judicial, añadiendo que “El Tribunal Constitucional tumba, por su desproporción, las tasas impuestas a las personas jurídicas para acceder a la Justicia.” No obstante, cuando del titular se pasa al contenido de la noticia, la ilusión se va diluyendo poco a poco como azucarillo en agua. Bien es cierto que aún no está disponible el texto de la sentencia, pero ya se pueden extraer varias conclusiones que hacen de la noticia algo más bien agridulce. Y es que, en efecto, del texto de la noticia se pueden extraer varias conclusiones:
1.- La absoluta ineficacia de la justicia constitucional concentrada. En efecto, desde que la Ley 10/2012 de 20 de noviembre se publicó y entró en vigor y desde que tiene lugar la entrada en el registro del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, han transcurrido más de tres años y medio. Período éste en que las personas físicas y jurídicas han tenido que ir abonando unas cantidades por un tributo que ahora se considera inconstitucional. Tres años y medio en que, digámoslo abiertamente y sin tapujos, el Estado se ha financiado ilegalmente. Y además, de forma inmoral, porque cuando se aprobó la norma hoy declarada inconstitucional el nefasto y nefando titular de la cartera de Justicia motivó su imposición alegando que lo recaudado con ellas iría a financiar el sistema de Justicia Gratuita, afirmación que demostró ser una filfa, como se desprende de una nota informativa emanada del propio Gabinete del Ministro. Tres años y medio en que el Tribunal Constitucional ha estado mareando la perdiz. Tres años y medio que contrastan sobremanera con la media de dos años que un asunto tarda en la otra orilla del Atlántico en llegar desde un simple juzgado al Tribunal Supremo (es decir, tres instancias), y con la peculiaridad de que en la primera instancia, es decir, en el propio juzgado federal su titular puede no sólo suspender cautelarmente la norma legal, sino declararla inconstitucional. Justicia retardada es justicia denegada, dice el aforismo, y estamos ante un claro ejemplo de justicia denegada.
2.- Se dice que el Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso. Es posible que dicho órgano haya tenido en cuenta que el Real Decreto-Ley 1/2015 de 27 de febrero dulcificase algo la norma al incluir una exención subjetiva para las personas físicas, manteniendo sin embargo el rigor para las jurídicas.
3.- No se declara la inconstitucionalidad de las tasas per se, sino por lo elevado de la cuantía, que en la práctica supone un claro elemento disuasorio que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En este punto el Tribunal Constitucional es coherente con su jurisprudencia. La propia Exposición de Motivos de la Ley 10/2012 citaba expresamente la Sentencia 20/2012 de 16 de febrero del Pleno del Tribunal Constitucional, que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de primera instancia de La Coruña frente a un precepto de la Ley 37/2002 de 30 de diciembre. El Tribunal, tras comparar las tasas judiciales existentes con anterioridad a la Constitución (que, no olvidemos, tenían una vinculación económica dado que “el producto de las tasas judiciales debía aplicarse a remunerar a los funcionarios de la Administración de Justicia”), no declara incompatible con el texto constitucional el establecimiento de tasas judiciales, pero en el fundamento jurídico décimo de dicha resolución establecía un límite infranqueable para el legislador, límite que enunciaba de la siguiente forma: “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, a partir de la Sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, SSTEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02; y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, as. 35123/05).”
5.- Según indica la noticia comentada, “El TC critica que ese gravamen se haya impuesto sin ni siquiera un estudio económico que permitiera comprender las cuantías asignadas y considera que el objetivo de que la Justicia se financie de forma mixta -con el erario público pero también con la aportación específica de aquellos que más la utilizan- no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes .Para el Constitucional, la cuantía de las tasas “no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, para los cuales resulta excesiva“. Y considera la cuantía de las tasas en todos los órdenes, tanto para la instancia como para los recursos de apelación y casación, excesivas. Y lo hace tanto en su elemento fijo como variable.
6.- Ahora bien, tras la zanahoria viene el palo en forma de camino sin retorno de las tasas ya abonadas. Y aquí el Tribunal Constitucional hace honor a su fama al acudir a dos argumentos extrajurídicos, uno de ellos ciertamente peculiar. En primer lugar alude, cómo no, al “perjuicio que causaría a la Hacienda Pública” las devoluciones; pero, en segundo lugar, y siempre según la noticia, añade este curioso razonamiento: “el hecho de haber abonado la tasa, al margen de las dificultades personales que ello supusiera, significa que se accedió a los tribunales y, por tanto, la devolución de lo pagado no resulta necesaria para reparar el derecho fundamental concernido, indica el Constitucional” (sic, el subrayado es nuestro). En primer lugar, es de lamentar que el penoso argumento de las “dificultades para la Hacienda Pública” sea el comodín utilizado por los distintos órganos judiciales patrios para eximir de una reparación íntegra a los ciudadanos en determinados supuestos (recuérdese, por ejemplo, que la Sentencia 241/2013 de 9 de marzo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictada en recurso número 485/2012 limita la eficacia retroactiva de la sentencia en las cláusulas suelo debido a que: “Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico.”) Pero el segundo de los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional es digno de su (mala) fama. Decir que aun reconociendo dificultades personales no existe derecho a devolución porque no resulta necesario para el derecho constitucional concernido es como decir que si un ciudadano sufre un robo en sus carnes pero la policía recupera lo robado no tiene derecho a ejercer una acusación porque, al fin y al cabo, en lo que le concierne fundamental y personalmente (privación de la propiedad) hace innecesario el enjuiciamiento del atracador. Digno, muy digno y atinado argumento el esgrimido por el máximo intérprete del texto constitucional.
En resumen, que tras casi cuatro años de peregrinaje, donde en muchos supuestos hubo personas (tanto físicas como jurídicas) que no acudieron a la vía judicial por el elemento disuasor, nos encontramos con una sentencia que reconoce en efecto, nos encontrábamos ante una norma que distorsionaba el sistema al dificultar el acceso a la tutela judicial efectiva. Pero que quienes lograron acceder a la misma, aun a costa de sacrificios personales y patrimoniales, no tienen derecho a recuperar lo obtenido. En definitiva, que, parafraseando a San Agustín, en este caso el Estado ha demostrado ser una cueva de ladrones.
Una última reflexión. Según indica la noticia comentada, “el TC critica que ese gravamen se haya impuesto sin ni siquiera un estudio económico que permitiera comprender las cuantías asignadas.” Aunque nos encontramos ante un texto legal y, por tanto, la responsabilidad última de su aprobación recae en el Parlamento o, más concretamente, en quienes votaron a favor de la misma (en este caso un único grupo político que contaba con mayoría absoluta) debería plantearse de alguna forma la posible responsabilidad no sólo de quienes aprobaron el texto legal, sino, fundamentalmente, de sus promotores. Y no deja de ser hilarante que el máximo responsable del engendro vaya ahora de turismo jurídico a otros países para defender a presos políticos argumentando que se ha vulnerado el “derecho a la tutela judicial efectiva”, y ello porque un argumento válido puede volverse del revés y ser perjudicial cuando es defendido por determinadas personas con escasa autoridad moral para esgrimirlo, algo que ocurre con el anterior titular del ministerio en cuestión.

jueves, 21 de julio de 2016

ALEGACIONES CONTRA RESOLUCION JUDICIAL QUE DENIEGA EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA POR HABER VENIDO A MEJOR FORTUNA EL BENEFICIARIO (- y II-).

ALEGACIONES CONTRA RESOLUCION JUDICIAL QUE DENIEGA EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA POR HABER VENIDO A MEJOR FORTUNA EL BENEFICIARIO (- y II-).

 

Por ÁNGEL FRANCISCO LLAMAS LUENGO

Abogado

(CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA)

 

 

 

            "SEGUNDA.- VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 119 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA POR INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 36.2 DE LA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

 

            El auto de 11 de enero de 2016 vulnera también los artículos 9 y 119 de la Constitución Española, dicho sea en términos de defensa, a cuyo tenor:

 

         Artículo 9

"1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

(…) 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos…"

 

Artículo 119

"La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar."

 

            Y ello porque no se ha respetado la sujeción a la Constitución y, en concreto, el principio de legalidad, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad juridica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos al privarse indebidamente a D. …. del derecho a la justicia gratuita pese a haber acreditado insuficiencia de recursos para litigar, dicho sea en términos de defensa, conforme se desarrolla a continuación.

 

 

-I-

 

            Para declarar (sin competencia ni jurisdicción alguna y sin seguir el procedimiento establecido ocasionando indefensión, como se ha expuesto en el Motivo Primero) que el apelante ha venido a mejor fortuna, se afirma en el auto recurrido:

 

         "…En el presente caso si bien a Don …. se le reconoció en resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de 13 de abril de 2011 el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento monitorio 556/2008 seguido en este Juzgado, que daría lugar al procedimiento ordinario 578/2011, no menos cierto que en ejecución de la sentencia recaída en dichos autos consta que Don … ha venido a mejor fortuna pues comenzó a percibir desde el año 2011 una prestación contributiva del INSS de 1.285,99 euros brutos mensuales por catorce pagas, superior por ello al doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, como resulta de la averiguación patrimonial realizada, además de ser el propietario del inmueble que dio origen a dicho procedimiento y constar en autos comunicación del Ilustre Colegio de Abogados de … de fecha 11 de noviembre de 2014, en contestación al oficio enviado por este Juzgado, que la solicitud realizada por el demandado para este procedimiento (el presente de ejecución) fue archivada por no aportar Don … la documentación requerida…"

 

 

A

 

            El Juez "a quo" toma el módulo del doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para declarar (ilegalmente, debe reiterarse en estrictos términos de defensa) que el recurrente ha venido a mejor fortuna.

 

            El artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dispone actualmente:

 

         Artículo 3. Requisitos básicos.

"1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

2. Para la determinación del concepto de unidad familiar en sus diversas modalidades se estará a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hecho constituidas de conformidad con los requisitos que les fueran exigibles…"

 

             Se dice "ACTUALMENTE" porque el artículo 3 fue modificado:

 

            1º) por la ya mencionada Ley 42/2015 (B.O.E 6/10/2015) que entró en vigor el 7/10/2015;

 

            2º) si bien, la introducción del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se produjo antes en la reforma operada por el Real Decreto Ley 3/2013, de 20 de febrero, publicado en el B.O.E. de 23/02/2013 y que entró en vigor el 24/02/2013.

 

 

B

 

            Como consta en el procedimiento, y también se reconoce en el auto que se recurre,

 

         "…a Don … se le reconoció en resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de 13 de abril de 2011 el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento monitorio /20 seguido en este Juzgado, que daría lugar al procedimiento ordinario /20  …"

 

            Siendo ésta la única resolución que se revoca declarando la supuesta mejor fortuna del Sr. …, ya que también se ha declarado en el mismo párrafo que lo anterior:

 

           

         "…además de (…)constar en autos comunicación del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares de fecha 11 de noviembre de 2014, en contestación al oficio enviado por este Juzgado, que la solicitud realizada por el demandado para este procedimiento (el presente de ejecución) fue archivada por no aportar Don … la documentación requerida…"

 

 

            Pues bien, en fecha 13 de abril de 2011, la redacción vigente del citado artículo 3 era otra distinta:

 

Artículo 3. Requisitos básicos.

1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

2. Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:

a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.

b) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior…"

 

 

            El salario mínimo interprofesional es la referencia que estableció desde su aprobación la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita hasta las reformas operadas en 2013 y 2015.

 

 

C

 

            Al declarar el Juez en el auto recurrido que el apelante

 

 

"…comenzó a percibir desde el año 2011 una prestación contributiva del INSS de 1.285,99 euros brutos mensuales por catorce pagas, superior por ello al doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples…"

 

 

            vuelve a incurrir en una nueva arbitrariedad, dicho sea en términos de defensa, porque le atribuye el carácter o condición de persona no integrada en  ninguna unidad familiar (art. 3.1 a) LAJG), sin la más mínima justificación pues no dispone del expediente tramitado en su día para solicitar el derecho y no ha podido comprobar sus datos personales obrantes en el mismo. Y es que, a efectos ilustrativos, se acompaña fotocopia del Libro de Familia donde se hace constar que el recurrente ESTÁ CASADO, por lo que LE CORRESPONDE LA UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR MENOS DE CUATRO MIEMBROS. 

 

            No obstante, a efectos del presente caso, cabe determinar que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples para el año 2016 (en que se dictó el auto recurrido) es de 532,51 € mensuales, 6.390,13 € anuales sin pagas extras y 7.455,14 € anuales con pagas extras (Disp. Ad. 84ª Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016).

 

            Lo cual supondría:

 

1º) MODALIDAD "PERSONA NO INTEGRADA EN UNA UNIDAD FAMILIAR". En este caso, el doble del módulo del artículo 3 (para determinar si vino a mejor fortuna), sería el que se indica a continuación:

 

            IPREM mensual: 532,51 €

            IPREM mensual 2 veces: 1.065,02 €

 

            Pero, como el módulo del artículo 3 vigente en el momento de reconocerse el derecho es el SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI), los importes son otros, pues el Real Decreto 1171/2015 lo estableció en 655,20 € mensuales para el año 2016. Por tanto, el módulo del artículo 3 aplicable sería:

 

SMI mensual: 655,20 €

SMI mensual 2 veces: 1.310,40 €

 

 

2º) MODALIDAD "UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR MENOS DE CUATRO MIEMBROS". En este caso, dos veces y media del módulo del artículo 3 (para determinar si vino a mejor fortuna), sería el que se indica a continuación:

 

            IPREM mensual: 532,51 €

            IPREM mensual 2 veces y media: 1.331,28 €

 

            Y dos veces y media el SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI), el módulo del artículo 3 aplicable sería:

 

SMI mensual: 655,20 €

SMI mensual 2 veces media: 1.638,00 €

 

 

D

 

            Pero todavía peor es que el Juez "a quo" no tome en consideración sus propias consideraciones, porque, si copia literalmente el artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita declarando (Razonamiento Jurídico Primero, párrafo 2º):

 

         "…El  artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita señala que: 'Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20…"

           

            Para a continuación no aplicar el cálculo aritmético sencillo del doble del módulo previsto en el artículo 3, a saber:

 

 

            1º) En la fecha de la solicitud y reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita (año 2011), el módulo vigente del artículo 3 era:

 

         "…1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud…."

 

            Luego, si el doble del salario mínimo interprofesional asciende en 2016 a 1.310,40 € (como se acaba de indicar), EL DOBLE DEL MÓDULO "DOBLE DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL" ES DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (2.620,80 €).

 

 

            2º) En la fecha en que se dicta el auto de 11 de enero de 2016, el módulo vigente del artículo 3 era en cambio:

 

"…1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros…"

 

            Luego, hay que distinguir:

 

a) "PERSONAS NO INTEGRADAS EN NINGUNA UNIDAD FAMILIAR" (error de bulto, dicho sea en términos de defensa, pues no es aplicable a mi cliente): si el doble del indicador público de renta de efectos múltiples asciende en 2016 a 1.065,02 € (como se acaba de indicar), EL DOBLE DEL MÓDULO "DOBLE DEL INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES" ES (=1.065,02 € x 2) DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS Y CUATRO CÉNTIMOS (2.130,04 €).

 

 

            b)- "UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR MENOS DE CUATRO MIEMBROS": si dos veces y media del indicador público de renta de efectos múltiples asciende en 2016 a 1.331,28 €, EL DOBLE DEL MÓDULO "DOS VECES Y MEDIA DEL INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES" ES (=1.331,28 x 2) DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS Y CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.662,56 €).

 

 

-E-

 

            En consecuencia, el Juez "a quo", contraviniendo el artículo 9 de la Constitución Española, aplica retroactivamente una norma restrictiva de derechos, dicho sea en términos de defensa, porque el cambio del índice "SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL" por el "INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES" supone que se haya reducido el umbral de las personas que tenían derecho a la asistencia jurídica gratuita, que según lo explicado, pasaría exclusivamente a reconocerse a las personas con ingresos mensuales inferiores a 1.065,02 € frente a los 1.310,40 € mensuales de haberse mantenido la referencia del salario mínimo interprofesional (para 2 veces) ó 1.638,00 € para dos veces y media (que es el módulo que le corresponde), A LO QUE TIENE QUE CALCULAR EL DOBLE DE DICHOS MÓDULOS, POR LO QUE D. MIGUEL ENRIQUE MIRÓ PIERI CUMPLE LOS REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE SU DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. 

 

-III-

 

            En conclusión, el Juez "a quo":

 

 

1º) Ha aplicado retroactivamente una norma restrictiva de derechos porque el cambio del índice "SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL" por el "INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES" supone que se haya reducido el umbral de las personas que tenían derecho a la asistencia jurídica gratuita, que según lo explicado, pasaría exclusivamente a reconocerse a las personas con ingresos mensuales inferiores a 1.065,02 € frente a los 1.310,40 € mensuales de haberse mantenido la referencia del salario mínimo interprofesional.

 

         2º) Ha vulnerado los principios de legalidad y seguridad jurídica:

 

a) al aplicar retroactivamente una norma restrictiva del derecho a la asistencia jurídica gratuita sin que estuviese previsto en la citada norma la aplicación de las nuevas condiciones económicas para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a quienes ya eran beneficiarios conforme a la normativa vigente al momento de solicitud del derecho; y

 

b) también, al emplear un baremo que no es aplicable a la situación familiar del recurrente, ya, que estando casado, toma el umbral de los solicitantes en la MODALIDAD "PERSONA NO INTEGRADA EN UNA UNIDAD FAMILIAR", en lugar de la correcta que sería "UNIDAD FAMILIAR COMPUESTA POR MENOS DE CUATRO MIEMBROS".

 

 

3º) Además, ha actuado arbitrariamente al efectuarlo sin sujetarse a lo establecido en el artículo 36.2 en relación con los artículos 19 y 20 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

 

 

Todo ello, por tanto, contraviniendo el artículo 9 de la Constitución Española,  dicho sea en términos de defensa, por lo que procede revocar el auto recurrido y dictar otro por el que se estime la oposición al auto de 7 de febrero de 2014 por el que se despachó la ejecución de la tasación de costas practicada en los presentes autos.

 

 

TERCERA.- VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 36.2 L.A.J.G.

 

            El auto recurrido vulnera el artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dicho sea en términos de defensa, que establece:

 

"…Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20…"

 

            Cuando se declara:

 

         "…En el presente caso si bien a Don … se le reconoció en resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de 13 de abril de 2011 el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento monitorio   /20   seguido en este Juzgado, que daría lugar al procedimiento ordinario  /20 , no menos cierto que en ejecución de la sentencia recaída en dichos autos consta que Don … ha venido a mejor fortuna pues comenzó a percibir desde el año 2011 una prestación contributiva del INSS de 1.285,99 euros brutos mensuales por catorce pagas, superior por ello al doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, como resulta de la averiguación patrimonial realizada, además de ser el propietario del inmueble que dio origen a dicho procedimiento y constar en autos comunicación del Ilustre Colegio de Abogados de … de fecha 11 de noviembre de 2014, en contestación al oficio enviado por este Juzgado, que la solicitud realizada por el demandado para este procedimiento (el presente de ejecución) fue archivada por no aportar Don … la documentación requerida…"

 

            Es igual de improcedente la declaración de que, según el 36.2 LAJG ha venido a mejor fortuna por superar el doble del módulo previsto en el artículo 3 LAJG: el doble de "2 VECES EL IPREM" (o antes el SMI), cuando no dice qué modalidad de unidad familiar del artículo 3.2 LAJG se ha tomado en consideración, dicho sea en estrictos términos de defensa.

 

            Y ello también conforme a los argumentos expuestos en la Alegación 2ª que se dan por reproducidos en aras de la brevedad.

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ALEGACIONES CONTRA RESOLUCION JUDICIAL QUE DENIEGA EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA POR HABER VENIDO A MEJOR FORTUNA EL BENEFICIARIO (-I-).

ALEGACIONES CONTRA RESOLUCION JUDICIAL QUE DENIEGA EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA POR HABER VENIDO A MEJOR FORTUNA EL BENEFICIARIO (-I-).

 

Por ÁNGEL FRANCISCO LLAMAS LUENGO

Abogado

(CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA)

 

 

            En dos publicaciones procedo a reproducir algunos motivos del recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado que desestimó la oposición a la ejecución despachada por las costas por entender principalmente que el ejecutado (teniendo declarado su derecho a la asistencia jurídica gratuita en resolución firme de la correspondiente Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

 

            Dichos motivos son los referidos principalmente a la aplicación de la Ley 1/2010, de Asistencia Jurídica Gratuita.

 

            Para mejor ilustración, en archivo adjunto se acompaña también la resolución.

 

            Alcalá de Henares, a 21 de julio de 2016.


 

 

 

            "PRIMERA. NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL AUTO RECURRIDO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 225 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

           

Artículo 225. "Nulidad de pleno derecho.

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

1.º Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.

(…) 3.º Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión."

 

            Y ello al desestimar la oposición formulada contra la ejecución despachada por auto de 7 de febrero de 2014 fundando tal pronunciamiento en el Razonamiento Jurídico Primero con la siguiente motivación:

 

         "…El artículo 36.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita señala que: 'Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20.'…"

 

            Porque con dicho pronunciamiento el propio Juez "a quo" afirma en su resolución que:

 

            1º) NO TIENE JURISDICCIÓN NI COMPETENCIA PARA DECLARAR QUE EL BENEFICIARIO (en este caso el aquí recurrente) HA VENIDO A MEJOR FORTUNA.

 

            2º) NO SIGUE EL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO CAUSANDO UNA INDEFENSIÓN PALMARIA Y MANIFIESTA AL SR…..

 

 

-I -

 

            Es manifiesto que el Juez "a quo" carece de jurisdicción y competencia para declarar que el beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita, ha venido a mejor fortuna porque así lo declara el propio artículo en que se funda, que es el artículo 36.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que en su redacción vigente en virtud de modificación operada por la Ley 42/2015 (B.O.E 6/10/2015) que entró en vigor el 7/10/2015 establece:

 

"…2. Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20…"

           

 

            Es absurdo e incongruente que el Juez "a quo" reconozca que NO TIENE COMPETENCIA PARA DECLARAR SI EL BENEFICIARIO HA VENIDO A MEJOR FORTUNA Y DIGA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA, A CONTINUACIÓN, SALTARSE LAS NORMAS QUE DECLARA APLICABLES SIN DAR NINGUNA JUSTIFICACIÓN, REALIZAR UNA DECLARACIÓN PARA LA QUE CARECE DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA Y, ADEMÁS, CAUSANDO UNA MANIFIESTA INDEFENSIÓN AL RECURRENTE PRIVÁNDOLE DEL DERECHO A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE VENIR A MEJOR FORTUNA,  dicho sea nuevamente con el debido respeto y en estrictos términos de defensa.

 

            Y es que los artículos 19 y 20 de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (éste último también en virtud de modificación operada por la Ley 42/2015 publicada en B.O.E de 6/10/2015 y que entró en vigor el 7/10/2015), establecen:

 

 

         Artículo 19. "Revocación del derecho.

1. La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, previa audiencia del interesado, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante resolución motivada, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.

La revocación contemplada en el párrafo anterior llevará consigo la obligación del pago de todos los honorarios o derechos devengados por los profesionales intervinientes desde la concesión del derecho, así como de la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.

2. Si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, en la resolución que ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, revocará el derecho de justicia gratuita y le condenará a abonar los gastos y costas procesales devengadas a su instancia, en los términos del apartado anterior. Dicha revocación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente a fin de que por la Administración pública competente se obtenga el reembolso, en su caso por la vía de apremio, de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento de su derecho a litigar gratuitamente."

 

 

Artículo 20. "Impugnación de la resolución.

1. Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de abogado, habrá de realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Este remitirá el escrito de impugnación, junto con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de ésta, al juzgado o tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.

2. Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el párrafo anterior, el secretario judicial requerirá a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, para que en el plazo de cinco días presenten por escrito las alegaciones y pruebas que estimen oportunas.

El juez o tribunal podrá acordar mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, la celebración de una comparecencia si la impugnación no pudiere resolverse con los documentos y pruebas aportados. El secretario judicial señalará día y hora para que tenga lugar dentro de los diez días siguientes.

3. Recibidas las alegaciones o finalizada la comparecencia, en su caso, el juez o tribunal resolverá sin más trámites mediante auto en el plazo de cinco días, manteniendo o revocando la resolución impugnada, con imposición de una sanción pecuniaria de 30 a 300 euros a quien hubiere promovido la impugnación de manera temeraria o con abuso de derecho.

Contra el auto dictado por el juez o el tribunal no cabrá recurso alguno."

 

-II-

 

            Al hilo de la irretroactividad de las normas que se va a alegar en otros motivos del recurso, la redacción vigente en el momento de producirse el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a D. ….. también establecía tanto la competencia de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para la declaración de venir a mejor fortuna como el derecho del beneficiario a impugnar judicialmente la resolución que lo acordase. Así, disponían los distintos artículos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita:

 

         Artículo 36. (…) 2. Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley.

 

    Artículo 19. Revocación del derecho.

La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.

La revocación contemplada en el párrafo anterior llevará consigo la obligación del pago de todos los honorarios de abogado y procurador devengados desde la concesión del derecho, así como la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.

 

Artículo 20. Impugnación de la resolución.

Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de Letrado, habrá de realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Este remitirá el escrito de impugnación, junto con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de ésta, al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.

Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el párrafo anterior, el Secretario judicial citará de comparecencia a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los ocho días siguientes y, el Juez o Tribunal, tras oírles y practicar la prueba que estime pertinente en el plazo de los cinco días siguientes, dictará auto en el plazo de los cinco días siguientes manteniendo o revocando la resolución impugnada.

El Juez o Tribunal competente para conocer de la impugnación, en el auto por el que resuelva sobre la misma, podrá imponer a quien la hubiere promovido de manera temeraria o con abuso de derecho una sanción pecuniaria de 30 a 300 euros.

Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal no cabrá recurso alguno.

 

            La diferencia estriba en que la modificación operada por la Ley 42/2015 aclaró de forma expresa lo que antes se venía a acordar por analogía, esto es, que la declaración de venir a mejor fortuna correspondía a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (por ser el órgano competente para la revocación del derecho a la asistencia jurídica gratuita), permitiendo al beneficiario la impugnación de la resolución que acordase dicha revocación ante el Juez competente de forma que no se le causara indefensión.

 

 

-III-

 

            Se alega la NULIDAD DE PLENO DERECHO del auto recurrido en virtud de lo establecido en el artículo 227.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuyo tenor:

 

"1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate."

 

 

-IV-

 

            En consecuencia, procede declarar la NULIDAD DE PLENO DERECHO del AUTO DE 11 DE ENERO DE 2016 y retrotraer las actuaciones al momento anterior para dictar auto ajustado a Derecho que resuelva la oposición a la ejecución despachada por auto de 7 de febrero de 2014."

 

-/-

 

martes, 27 de octubre de 2015

La CNMC multa al Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara y al Consejo General de la Abogacía Española



La COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) multa al Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara y al Consejo General de la Abogacía Española


 Impone sanciones de 30.000 y 60.000 euros, respectivamente
 El Colegio de Abogados impuso requisitos restrictivos a la competencia para ejercer la asistencia jurídica gratuita en Guadalajara
 El Consejo General realizó una recomendación a los Colegios de Abogados para homogeneizar sus conductas

Madrid, 29 de septiembre de 2015.- La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha multado al Colegio de Abogados de Guadalajara (30.000 euros) y al Consejo General de la Abogacía Española (59.983 euros) al declarar probada la existencia de una infracción del Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, y del Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. (S/0491/13)

El 25 de febrero de 2014, tras una información reservada, se incoó un expediente sancionador contra el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara por entender que estaría estableciendo determinados requisitos restrictivos a la competencia a los abogados para que prestaran servicios de asistencia jurídica gratuita en la provincia de Guadalajara.

En septiembre de 2014, la CNMC amplió la incoación al Consejo General de la Abogacía al entender que el Consejo podría estar realizando una recomendación a los Colegios de abogados, consistente en fijar determinados requisitos para participar en la prestación de servicios asociados a la asistencia jurídica gratuita.

Una vez instruido el expediente, la CNMC ha determinado que en el caso del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, el artículo 2.1 de su “Reglamento del turno de oficio, asistencia al detenido o preso y derecho a la justicia gratuita” en su actual redacción es contrario a la Ley de Defensa de la Competencia.

El Reglamento exige pertenecer al Colegio para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita en su demarcación territorial. Además, para que un abogado pueda realizar esa actividad estabelece requisitos de residencia y despacho profesional en la provincia y una experiencia profesional de 3 años de ejercicio efectivo (5 para el Turno Penal Especial), aunque cuente con la formación técnica para ello.

La CNMC considera que los requisitos descritos constituyen una restricción de la competencia contraria al principio de colegiación única previsto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales. Además, compartimentan geográficamente el mercado y limitan la oferta de abogados a aquellos colegiados en Guadalajara.

Por otra parte, la exigencia de experiencia profesional supone una barrera injustificada de acceso al turno de oficio para abogados recién colegiados. 

En consecuencia, la CNMC considera que todos estos requisitos constituyen una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, y un obstáculo a la libre prestación de servicios y unidad de mercado, contrario a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como "Ley Paraguas").

En el caso del Consejo General de la Abogacía Española, la CNMC considera que las manifestaciones realizadas en varias reuniones y en una respuesta a la solicitud del Defensor de Pueblo en noviembre de 2013 infringen el Artículo 1 de la LDC sobre los requisitos de despacho y la residencia, que deben cumplir los abogados que quieran acceder al turno de oficio en cualquier colegio.

Esa interpretación fue puesta en conocimiento de los diferentes colegios territoriales que están presentes en sus órganos de gobierno y comisiones, equivale a una recomendación cuyo objeto es homogeneizar la conducta de los Colegios.

En consecuencia, la CNMC ha impuesto las siguientes multas:

- Colegio de Abogados de Guadalajara, 30.000 euros
- Consejo General de la Abogacía Española 59.983 euros

Además, obliga al Colegio de Abogados de Guadalajara y al Consejo General de la Abogacía Española a que en el futuro se abstengan de llevar a cabo conductas similares y les ordena que difundan entre sus asociados el texto íntegro de esta Resolución en sus respectivas páginas webs oficiales.

La CNMC recuerda que contra la presente Resolución no cabe recurrir en la vía previa administrativa, pudiendo hacerlo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la Audiencia Nacional.


FUENTE: COMITÉ NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. 
Tel.+34 917872204 http://www.cnmc.es Correo electrónico: mailto:prensa@cnmc.es

RESOLUCIÓN (Expte.  S/0491/13 COLEGIO ABOGADOS DE GUADALAJARA)

SALA DE COMPETENCIA

PRESIDENTE
D. José María Marín Quemada 

CONSEJEROS
Dª. María Ortiz Aguilar
D. Fernando Torremocha y García-Sáenz
D. Benigno Valdés Díaz
Dª. Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain 

SECRETARIO
D. Tomás Suárez-Inclán González


En Madrid, a 01 de  septiembre de 2015

La Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dictado la presente Resolución en el Expediente S/0491/13 COLEGIO DE ABOGADOS DE GUADALAJARA, incoado por la Dirección de  Investigación (DI) de la hoy extinta CNC contra el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GUADALAJARA y el CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio,  y la Ley 15/2007, de 3 julio, de Defensa de la Competencia.
Ha sido designado Consejero responsable D. Benigno Valdés Díaz.


ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 22 de marzo de 2013 tuvieron entrada en la hoy extinta Comisión Nacional de la Competencia sendos escritos de D. Narciso Sánchez-Lafuente Luque y Dª. Agustina Rodríguez Conejo (Folios 2-3) en los que se formula denuncia contra el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara  por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Las denuncias decían que el Colegio de Abogados de Guadalajara había procedido a suspender cautelarmente a los denunciantes de su inclusión en los listados del Colegio al comprobar que estaban simultáneamente inscritos en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Folios 2-3).

SEGUNDO.- Con objeto de conocer los requisitos para el acceso al turno de oficio, la permanencia en él y la relación habida con los denunciantes, el 21 de mayo de 2013 la DI acordó solicitar al Colegio de Guadalajara información acerca de estos asuntos (Folios 4-7). El 17 de junio de 2013 Se recibió la respuesta a dicho requerimiento (Folios 22-56).

TERCERO.- Con fecha 20 de septiembre de 2013 se solicitó información al Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha (Folios 57-59) y al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) (Folios 62-64 relativa a si habían elaborado alguna directriz en relación con la organización y el funcionamiento de los servicios de asistencia letrada de oficio y si existía colaboración a este respecto con los Colegios de Abogados en su ámbito territorial. Las respuestas tuvieron entrada el 30 de septiembre (Folios 67-68) y 2 de octubre de 2013 (Folios 69-76), respectivamente.
 
CUARTO.- Sobre la base de la información reunida, el 25 de febrero de 2014, sobre la base de la información reservada, la actual Dirección de Competencia (DC) acordó la incoación de un expediente sancionador contra el Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara por entender que existían indicios de prácticas restrictivas de la competencia consistentes en el establecimiento de requisitos a los abogados para participar en la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en la provincia de Guadalajara que podrían excluir injustificadamente de esa actividad a aquéllos que no los cumplan. El acuerdo fue notificado al Colegio (Folios 94-99) y a los denunciantes (Folios 90-93 y 100-103) el día siguiente.

QUINTO.- Con fecha 5 de marzo de 2014  la DC acordó solicitar información al CGAE (Folio 104) en relación a la Comisión Ordinaria de Asistencia Jurídica Gratuita y su Plenario, y a la adaptación de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa los Servicios en el Mercado Interior (en adelante, Directiva de Servicios) sobre práctica de la asistencia jurídica gratuita. Así mismo, se solicitó información al Colegio (Folio 108-109) en relación con la tramitación de su Reglamento del turno de oficio, asistencia al detenido o preso y derecho a la justicia gratuita; a los criterios para poder ser incluido en el turno de oficio; al lugar de residencia y despacho profesional de los colegiados y abogados de oficio; así como información relativa a la Comisión Ordinaria de Asistencia Jurídica Gratuita y al Plenario de la Comisión Ordinaria de Asistencia Jurídica Gratuita. La notificaron de esos acuerdos se realizó el mismo día (Folios 105-107 y 110-113), recibiéndose las respuestas el 21 de marzo (Folios 127-326) y el 25 de marzo de 2014 (Folios 327-354), respectivamente.

SEXTO.- Con fecha 16 de julio de 2014 la DC acordó solicitar nueva información al CGAE (Folios 355-358) y al Colegio (Folios 359-362). Al CGAE se le requirió que aportara copia de la consulta realizada al Ministerio de Justicia acerca de la validez de la Orden del Ministerio de Justicia del 3 de junio de 1997 y de su respuesta; también le fueron requeridos algunos documentos citados en las Actas aportadas tras un requerimiento de información anterior. Al Colegio se le requirió que aportara la misma consulta realizada al Ministerio de Justicia, las normas orientadoras de honorarios previstas en su normativa interna y su código deontológico. También se le preguntó acerca del proceso de revisión de sus Estatutos. Las respuestas fueron recibidas el 1 de agosto de 2014 (Folios 498-516 y 375-497).

SEPTIMO.- Con fecha 24 de septiembre de 2014 la DC acordó ampliar la incoación al CGAE (Folios 518-519) al considerar que existían indicios racionales de la comisión de conductas prohibidas por el Art. 1 de la LDC consistentes en la recomendación a los Colegios de Abogados de establecer requisitos para participar en la prestación de servicios asociados a la asistencia jurídica gratuita que podrían excluir injustificadamente de esa actividad a los abogados que no los cumplan. El acuerdo fue notificado al CGAE (Folios 532-535), al Colegio (Folios 520-523) y a los denunciantes (folios 90-93 y 100-103) el día siguiente.

OCTAVO.- Con fecha 4 de noviembre de 2014 la Dirección de Competencia acordó incorporar al Expediente (Folio 571) las cartas que la extinta Dirección de Investigación de la extinta CNC envió al CGAE (Folios 572-575) y al Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha (Folios (576-587) en las que se les requería la revisión de la normativa colegial a la luz de la Ley 2/1974, de 13 febrero, de Colegios Profesionales y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como la respuesta de este último organismo (Folios 588-591).

NOVENO.- Con fecha 1 de diciembre de 2014 la Dirección de Competencia formuló  el Pliego de Concreción de Hechos (Folios592 a 609) que fue debidamente notificado a las partes.

DÉCIMO.- Los días 30 de diciembre de 2014 y 7 de enero de 2015 tuvieron entrada en la Dirección de Competencia las Alegaciones del CGAE (Folios 660-693) y del Colegio (Folios 694-739), respectivamente, al Pliego de Concreción de Hechos.

UNDÉCIMO.- El 18 de febrero de 2015 el órgano instructor procedió al cierre de la fase de instrucción (Folio 741) y lo notificó el mismo día (Folios 742 a 745). Pero advertida la no constancia en el Expediente de la notificación del Pliego de Concreción de Hechos a D. Narciso Sánchez-Lafuente Luque y a Dª. Agustina Rodríguez Conejo, la Dirección de Competencia acordó, el 26 de febrero de 2015 (Folio 750), reanudar la instrucción a fin de realizar dicha notificación. El acuerdo fue comunicado a los interesados el día siguiente (Folios 751-759).

DUODÉCIMO.- Con fecha 2 de marzo de 2015 tuvieron entrada en la Dirección de Competencia sendos escritos de D. Narciso Sánchez-Lafuente Luque y Dª. Agustina Rodríguez Conejo (Folios 805-806) en los que manifiestan no tener alegación alguna al Pliego de Concreción de Hechos.

DECIMOTERCERO.- El día 2 de marzo de 2015 el órgano instructor procedió al cierre de la instrucción (Folio 807) notificándolo a los interesados el mismo día (Folios 808-815)

DECIMOCUARTO.- Con fecha 3 de marzo de 2015, la DC completó su Propuesta de Resolución del procedimiento, conteniendo una propuesta de sanción por infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989, y la Ley 15/2007 (Folios 816 a 855). La Propuesta fue notificada a las partes (acuse de recibo: día 3 de marzo de 2015, Dª Agustina Rodriguez y D. Narciso Sánchez, Folios 902.1.2 y 905.1.2, respectivamente; día 4 de marzo de 2015, Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara y Consejo General de la Abogacía Española, Folios  899.1.2 y 896.1.1, respectivamente) otorgándoles el tiempo legalmente establecido para presentación de Alegaciones.

DECIMOQUINTO.- Dentro del plazo estipulado tuvieron entrada escritos de Alegaciones a la Propuesta de Resolución por parte de D. Narciso Sanchez-Lafuente Luque, Dª. Agustina Rodriguez Conejo,   Consejo General de la Abogacía Española  y Colegio de Abogados de Guadalajara (Folios 910 y 911; 931 a 978; 1021-1092).

DECIMOSEXTO.- El 24 de marzo de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art. 50.5 de la LDC y Art. 34.2 del RDC, el Director de Competencia elevó el Informe Propuesta a esta SALA de COMPETENCIA de la CNMC (Folios 979 a 1019).

HECHOS ACREDITADOS

PRIMERO.- Son parte en este Expediente: como denunciantes, D. Narciso Sánchez-Lafuente Luque y Dª. Agustina Rodríguez Conejo, abogados colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, ambos con domicilio y despacho profesional en esa provincia; y como denunciados, el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara y el Consejo General de la Abogacía Española.

 De acuerdo al Art. 1 de sus Estatutos (Folios 338-352), « [el] Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara es una Corporación de Derecho Público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su ámbito territorial es el de la provincia de Guadalajara y se rige por lo dispuesto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, por la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, por el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por los Estatutos del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, por los presentes Estatutos, por su Reglamentos de Régimen Interior y por los acuerdos aprobados por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias, y por las disposiciones estatales y autonómicas que le sean de aplicación».

 En cuanto al CGAE, de acuerdo a sus Estatutos, aprobados por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los Ilustres Colegios de Abogados de España. El CGAE tiene, entre otras funciones, el ordenar el ejercicio profesional de los abogados; establecer la necesaria coordinación entre los Consejos de Colegios de Abogados de las diferentes Comunidades Autónomas, así como entre los distintos Colegios; y adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo General, dictadas en materia de su competencia. Sus órganos de gobierno son el Pleno, la Comisión Permanente y el Presidente. Adicionalmente, su Reglamento de Régimen Interior (Folios 131-151) prevé la existencia de comisiones ordinarias, que desempeñarán las funciones que les delegue el Pleno. Una de estas comisiones es la de Asistencia Jurídica Gratuita. Existe un Plenario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita compuesto por los miembros de la Comisión, así como los representantes de los Consejos Autonómicos de los Colegios de Abogados y los representantes de los Colegios que no tienen constituido Consejo Autonómico.

SEGUNDO.- El CGAE ha manifestado que no ha elaborado ninguna directriz general sobre la organización o funcionamiento de los servicios de asistencia letrada de oficio (Folio 69); en cambio, sí que ha elaborado unas normas referidas al régimen de guardia para la asistencia letrada al detenido y la determinación de su devengo (Folios 71-76), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, y que fueron aprobadas por la Comisión Permanente en su sesión de fecha 9 de diciembre de 2003, a propuesta de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Del mismo modo, el CGAE ha realizado protocolos de actuación dirigidos a los abogados adscritos al turno de oficio en las distintas especialidades de los servicios de asistencia jurídica gratuita (penitenciario, violencia de género, extranjería).

 Por lo que se refiere al Colegio de Abogados Guadalajara, la Junta General Extraordinaria, en el ejercicio de sus competencias y sin someter el borrador a ningún informe de otra institución (Folios 327-328) aprobó en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 1998, el Reglamento del turno de oficio, asistencia al detenido o preso y derecho a la justicia gratuita (Folio 33-54) (en lo sucesivo, el Reglamento). 

 Su Art. 2.1 establece los requisitos que deberán cumplir los abogados para acceder al turno de oficio. Son los siguientes:

 a) Ser abogado ejerciente
 b) Estar incorporado al Colegio
 c) Tener despacho profesional abierto en el ámbito territorial del Colegio
 d) Residir en la provincia de Guadalajara
 e) Tener cumplidas todas las obligaciones estatutarias 
 f) Llevar tres o más años de ejercicio efectivo
 g) Estar en posesión del diploma (o título equivalente) que acredite la superación de los cursos de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Guadalajara o de cualquier otra dependiente de un Colegio de Abogados, o de otro equivalente, que se estime suficiente a juicio de la Junta de Gobierno.

 Por su parte, en el Apartado 2 del mismo Artículo se menciona que:

 «Excepcionalmente, podrá la Junta de Gobierno dispensar la exigencia de los requisitos de acceso al Turno de Oficio, salvo el de tener cumplidas todas las obligaciones estatutarias, si concurrieren en el solicitante especiales circunstancias que acrediten su capacidad para la correcta prestación del servicio. Dicha dispensa deberá ser en todo caso motivada».

 En relación al Turno Penal Especial, el Apartado 3 del citado Artículo  señala que el abogado deberá acreditar una antigüedad mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión; y por lo que se refiere a la permanencia en el turno de oficio, el Art. 2.5 establece que:

 «[…] la permanencia en el Turno estará condicionada al desarrollo de la labor profesional encomendada, atendiendo la necesaria relación con el cliente con la debida diligencia y realizando las actuaciones precisas en su patrocinio dentro de los términos y plazos legales, o lo antes posible, de no existir éstos».

 Por último, el Art. 44 establece lo siguiente con relación al tiempo máximo para personarse y atender el servicio:

 «Desde el momento de recibirse la llamada por el Letrado o por la persona que atienda el o los teléfonos facilitados para el aviso, el Abogado cuenta con el plazo máximo de ocho horas para acudir al centro de detención o al Juzgado para prestar la asistencia. No obstante lo anterior, la asistencia se prestará, como prevé la Ley, a la mayor brevedad en beneficio del detenido y de la más pronta determinación de su situación personal en la causa» (Subrayado añadido).

 El Colegio ha declarado que el requisito relativo al cumplimiento de las obligaciones estatutarias (requisito [e] citado anteriormente) se refiere a las obligaciones establecidas en el Estatuto General de la Abogacía Española y en los Estatutos del propio Colegio. 

 En relación al requisito de formación (requisito [g] anterior), el Colegio afirma que considera válidos todos los cursos, títulos o diplomas que estén relacionados con las diferentes materias del turno de oficio y hayan sido realizados en España (Folio 329).

 El Colegio afirma (Folio 328) que los requisitos de acceso se corresponden con lo estipulado en la Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997. También  que todos los abogados incluidos en el turno de oficio están colegiados en Guadalajara y cuentan con domicilio y despacho profesional en el ámbito territorial del Colegio (Folio 330), y que la previsión contemplada en el Art. 2.2 del Reglamento ha sido empleada de manera excepcional para dispensar del cumplimiento del requisito de posesión del diploma del curso de Escuela de Práctica Jurídica, o cursos equivalentes, cuando lo ha solicitado el abogado interesado y éste ha acreditado tener experiencia en la materia concreta cuyo acceso solicita (Folio 330).

TERCERO.- El 17 de junio de 2011 la extinta Dirección de Investigación remitió una carta al CGAE (Folios 572-575) en la que se solicitaba que revisara sus Estatutos y demás normas reguladoras de la profesión a la vista de la nueva redacción de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y la LDC. En un anexo a la carta se incluyen las conductas prohibidas por la LDC más frecuentes entre los colegios profesionales, destacando la compartimentación del mercado mediante actuaciones directas o indirectas no justificadas o discriminatorias, cuya única finalidad es impedir que los profesionales puedan actuar en todo el territorio nacional, evitando así los beneficios de la colegiación única.

 El 13 de febrero de 2013 la extinta Dirección de Investigación remitió al Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha una carta similar a la mencionada en el párrafo anterior (Folios 576-587) en la que requería la revisión de la normativa colegial, la actualización de la página Web de la Corporación y la comunicación a sus colegiados de los cambios producidos en relación a las cuestiones planteadas en la carta. Se adjuntaba a la carta un Anexo similar al enviado con la carta antes citada de 17 de junio de 2011.

 El Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha respondió el 14 de marzo de 2013 (Folios 588-591), afirmando que los Colegios de abogados castellano-manchegos habían conocido, a través de su representación en el Consejo, todas las circunstancias y las modificaciones de la normativa colegial.

CUARTO.- Consta en el expediente el Acta de la reunión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del día 9 de julio de 2013  en la que  se alude al informe elaborado por el CGAE en relación la redacción existente en ese momento del anteproyecto de Ley de Asistencia Gratuita. El CGAE propone en su informe enmendar el artículo referido a la formación y especialización (Folios 249-251) e incluir en él la exigencia de residir y contar con despacho profesional abierto en el ámbito territorial del Colegio donde se quiera prestar servicios de asistencia jurídica gratuita, de modo que un abogado únicamente pueda prestar servicios de asistencia jurídica gratuita en un Colegio.

 Según el CGAE este requisito es necesario para poder asegurar un nivel de calidad que garantice el derecho constitucional a la defensa. El motivo esgrimido es de carácter económico, ya que el baremo de justicia gratuita no incluye el desplazamiento del abogado, cuyo gasto debería ser abonado por él, por lo que es deseable que éste se realice al menor coste. El CGAE considera que esto se consigue cuando los abogados del turno de oficio pertenecen al Colegio en cuyo territorio se encuentra el órgano jurisdiccional que va a tener conocimiento del caso. Así mismo, el CGAE entiende que este requisito también es necesario dada la responsabilidad patrimonial de los Colegios en el funcionamiento del turno de oficio, ya que un Colegio no se puede hacer responsable de la actuación de un abogado que pertenece a otro Colegio.

 Está igualmente acreditado que durante la reunión de la Comisión de Asistencia Gratuita celebrada el 10 de octubre de 2013 el Presidente de la Comisión anunció que había recibido un nuevo borrador de proyecto de Ley de Asistencia Gratuita en el que se había aceptado la propuesta del CGAE y se había añadido la necesidad de contar con domicilio y despacho profesional en el ámbito del Colegio para poder prestar servicios de asistencia jurídica gratuita. El Presidente afirmó en la reunión que el hecho de incluir en la Ley el requisito establecido en la Orden de 1997 era fundamental para la organización del servicio y para evitar erróneas interpretaciones por parte de la extinta CNC (Folios 255-256).

QUINTO.- El Pleno del CGAE tuvo conocimiento de lo expuesto en el epígrafe anterior. En el  Acta de su reunión del 21 de noviembre de 2013 también se menciona que tres Colegios (los de Valencia, Madrid y Alcalá de Henares) habían suprimido la exigencia de tener la residencia en el ámbito territorial del Colegio. El Presidente del CGAE afirmó que eso era muy grave y pidió unidad de acción, señalando que en caso de ser necesario, podría celebrarse un Pleno extraordinario (Folio 516).

SEXTO.- El 28 de noviembre de 2013 el Presidente del CGAE remitió escrito de contestación a un requerimiento de información  formulado por el Defensor del Pueblo (Folios 503-509). La consulta versaba sobre los requisitos de domicilio y despacho profesional de los abogados que desean prestar servicios de asistencia jurídica gratuita. El CGAE afirmó que cabe distinguir entre la prestación de servicios profesionales por parte de un abogado en un mercado libre y la realización de tareas asociadas a la asistencia jurídica gratuita. En opinión del CGAE este último servicio está organizado en circunspecciones territoriales ya que debe haber una inmediatez en la atención de los detenidos, imputados y procesados.

 Sobre esa base el CGAE entiende que el principio de colegiación única establecido en el Art. 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, ha de entenderse referido al servicio de aquellos abogados que actúan libremente en el mercado y no de aquellos inscritos en el turno de oficio, ya que este servicio se presta de acuerdo a circunscripciones territoriales. De este modo, concluye que la regulación del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara cumple con la normativa vigente (no así la de los Colegios de Madrid y Alcalá, por no requerir que el domicilio del abogado se encuentre en su ámbito territorial).

 Finaliza el CGAE señalando que: «El Consejo General de la Abogacía ostenta a tenor del artículo 68 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, la función de “h) Resolver las dudas que puedan producirse en la aplicación de las normas estatutarias y reglamentarias”. En tal sentido, el Consejo General ha mantenido una interpretación uniforme y constante del bloque normativo en la materia, que implica la exigencia de la residencia en la demarcación colegial correspondiente, como resulta de la vigente Orden de 1997; se entiende por ello que los Colegios de Abogados de Alcalá de Henares y Madrid deberían proceder a la modificación de sus normas y estatutos para acomodarlos a las peculiaridades del servicio público, incorporando el requisito de residencia en la demarcación o circunscripción de la que se trate»

SÉPTIMO.- Durante el Plenario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita celebrada el día 12 de diciembre de 2013,  su Presidente expuso (Folio 319) que la interpretación realizada de la Orden de 1997 no era la misma en todo el territorio nacional, ya que algunos Colegios exigían tener residencia y despacho profesional en la circunscripción del Colegio y otros únicamente despacho abierto en ella, lo que haría posible un mismo abogado pudiera estar inscrito en turnos de oficio de distintos Colegios. Como reacción a ello, puede leerse en el Acta se lo siguiente:

 «[…] parece necesario recordar a todos los Colegios la necesidad de que se cumpla con rigor la OM de 3 de junio de 1.997, máxime cuando en el último Anteproyecto de Justica Gratuita de 15 de julio de 2013 se consiguió incorporar un párrafo segundo al art. 25 que recoge la propuesta formulada en su día por el CGAE de que para el ejercicio del servicio de turno de oficio sea necesario, como requisito indispensable, tener la residencia y el despacho abierto en el ámbito del Colegio respectivo. Al respecto, hay un acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española que ampara este criterio que los Colegios de Abogados deben de cumplir».

OCTAVO.- Según lo recogido en el Acta de la reunión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE celebrada el día 6 de marzo de 2014 (Folios 260-265), el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de febrero de 2014 modificó la exigencia de domicilio y despacho profesional en el ámbito territorial del Colegio. Dada la polémica suscitada, la Comisión acordó  que a efectos de interpretación la Orden de 1997, el concepto «tener residencia habitual» quiere decir 
«tener despacho profesional principal» (Folio 262).

NOVENO.- El artículo 24 de la Constitución Española reconoce el derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales y a la defensa y asistencia de letrado. El artículo 119 afirma que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y en todo caso respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Este último precepto se ve reflejado en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El desarrollo legislativo de esta previsión lo constituyen las siguientes normas:

 a) Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
 b) Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, y
 c) Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997, por la que se establecen los requisitos generales mínimos de formación y especialización para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.
 El Consejo de la Abogacía de Castilla- La Mancha no ha aprobado directrices generales sobre organización y funcionamiento de servicios de asistencia letrada de oficio, toda vez que al no estar transferidas las competencias  de Justicia es el Ministerio de Justicia, mediante Convenio firmado con el Consejo General de la Abogacía, quien marca las directrices generales a seguir en materia de turno de oficio.

 La actividad de asistencia jurídica gratuita se ha visto afectada por la Directiva de Servicios, cuya transposición al ordenamiento interno español se ha llevado a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como Ley Paraguas), y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como Ley Ómnibus).

 La Directiva de Servicios se asienta en el principio básico de libertad de acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio, de forma que se eliminen por las autoridades competentes todos los regímenes de autorización, con la excepción de aquellos que cumplan la triple condición establecida en el artículo 5 de la Ley Paraguas: no ser discriminatorios, ser necesarios y proporcionados.
 En relación con el establecimiento de restricciones territoriales al ejercicio de una actividad de prestación de servicios, resulta asimismo conveniente mencionar el Artículo 11.1.a de la Ley Paraguas, indicativo de que la normativa que regule el acceso o ejercicio de una actividad de servicios no puede supeditarse a restricciones de carácter territorial. La excepción a este principio se admite mediante Ley, en situaciones en las que exista una razón imperiosa de interés general, siempre que no sea discriminatorio ni proporcionado.

 Por el ámbito del expediente cabe el principio de colegiación única establecido por el nuevo régimen jurídico aplicable a los Colegios Profesionales. Dicho principio es reconocido en el primer párrafo del vigente Artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, tras la modificación operada por la Ley Ómnibus. Establece lo siguiente: «Cuando la profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. A estos efectos, cuando en una profesión sólo existan colegios profesionales en algunas Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán por la legislación del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional único o principal, lo que bastará para ejercer en todo el territorio español».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Habilitación competencial. Según la disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia «las referencias que la legislación vigente contiene a la Comisión Nacional de la Competencia […] se entenderán realizadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia […] y «Las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia»

 De acuerdo con el artículo 5.1.c) de la Ley 3/2013, a la CNMC compete «aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia». El Artículo 20.2 de la misma ley atribuye al Consejo la función de «resolver los procedimientos sancionadores previstos en la Ley 15/2007, de 3 de julio»; y según el Artículo 14.1.a del Estatuto orgánico de la CNMC, aprobado por Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, «la Sala de la Competencia conocerá de los asuntos relacionados con la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio».
 
 En consecuencia, corresponde resolver el presente procedimiento a la Sala de Competencia de la CNMC.

SEGUNDO. Tanto el Artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, como el Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, prohíben «todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional». En particular, el apartado [c] de ambos artículos hace hincapié en el «reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento».

TERCERO.- Sobre esa base, esta SALA de COMPETENCIA de la CNMC considera que el Art. 2.1 del Reglamento del turno de oficio, asistencia al detenido o preso y derecho a la justicia gratuita del Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara, en su actual redacción (vid. Hecho Acreditado SEGUNDO), es contrario a la vigente legislación en materia de Defensa de la Competencia.  

 (1) En primer lugar, la exigencia de estar incorporado al Colegio de Abogados de Guadalajara para ejercer la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en su demarcación territorial supone una restricción de la competencia contraria al principio de colegiación única previsto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, toda vez que compartimenta geográficamente el mercado y limita la oferta de abogados a aquellos colegiados en Guadalajara.

 (2) Lo mismo cabe decir respecto de los requisitos de residencia y despacho profesional en la provincia de Guadalajara, pues ambos constituyen una clara compartimentación territorial que limita la competencia, favoreciendo a los abogados radicados en el territorio de la demarcación colegial en detrimento de los que no lo están, sin que dicha restricción pueda entenderse exenta en virtud de la Orden del Ministerio de Justicia de 1997, norma que carece del rango legal exigido por el Art. 4 de la vigente Ley de Defensa de la Competencia.

 (3) Así mismo, la exigencia de experiencia profesional –3 años de ejercicio efectivo, 5 para el Turno Penal Especial– supone una barrera injustificada de acceso al turno de oficio para abogados de reciente colegiación, o simplemente con menos años de experiencia que los exigidos por el Colegio pero que, sin embargo, tengan capacidad técnica suficiente derivada del requisito de haber superado los cursos de formación correspondientes. A diferencia de este último requisito, previsto en el artículo 25 de la Ley 1/1996, el de experiencia profesional carece de amparo legal, sin que la previsión contenida a tal efecto en el Art. 33 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita pueda, a la luz del Art. 4 de la LDC, suplir esa carencia.

Adicionalmente, los requisitos descritos constituyen un obstáculo a la libre prestación de servicios y unidad de mercado, infringiendo el principio de no discriminación por razón de residencia o establecimiento contenido en el artículo 5 de la "Ley Paraguas" y en los artículos 3 y 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado cuyo artículo 17, por otro lado, desarrolla la instrumentación de los principios de necesidad y proporcionalidad.


CUARTO.- También sobre la base de lo recogido en el Fundamento de Derecho SEGUNDO, esta SALA de COMPETENCIA de la CNMC entiende que las manifestaciones realizadas por el CGAE con ocasión de las reuniones de su Pleno de 21 de noviembre de 2013, de su Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de 12 de diciembre de 2013 y de la respuesta dada a la solicitud del Defensor de Pueblo en noviembre de 2013 (vid. Hechos Acreditados QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO), infringen el Art. 1 de la vigente LDC.

 Esas manifestaciones revelan sin lugar a duda que, más allá de defender sus intereses corporativos en el marco de una reforma legislativa, el CGAE ha emitido una interpretación orientadora de cuáles son los requisitos que, en relación con el despacho y la residencia, han de reunir los abogados que quieran acceder al turno de oficio en cualquier Colegio. Dicha interpretación, puesta en conocimiento de los diferentes Colegios territoriales que están presentes en sus órganos de gobierno y comisiones, equivale a una recomendación cuyo objeto es homogeneizar la conducta de los Colegios, a fin de que todos ellos exijan despacho y residencia en su demarcación, compartimentando el mercado e impidiendo de forma injustificada el acceso al turno de oficio a los abogados que no cumplan esos requisitos.

QUINTO.- A lo largo de la Instrucción del Expediente las partes tuvieron ocasión de  presentar cuantas alegaciones estimaron adecuadas para la mejor defensa de sus intereses. Sobre esa base, presentaron Alegaciones al PCH (vid. Antecedentes NOVENO a DUODECIMO) que el órgano instructor valoró, incorporando dicha valoración a la Propuesta de Resolución, y que las partes conocen. Esta SALA concuerda con la valoración del órgano instructor y la da por reproducida.
 Así mismo, las partes presentaron  Alegaciones a la Propuesta de Resolución (vid. Antecedente DECIMOQUINTO). La SALA no encuentra diferencias sustantivas novedosas entre estas Alegaciones y las presentadas al PCH.

SEXTO.- Respecto a la sanción a imponer, las conductas imputadas al Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara comenzaron cuando estaba vigente la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y continuaron bajo la actual Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Debe, pues, determinarse cuál de ellas es de aplicación. El Artículo 128 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ordena que sea la más favorable para el infractor. En este sentido, no hay duda de que el Artículo 10-1 de la Ley 16/1989 provee un mecanismo adecuado para determinar la sanción, a saber, un tanto alzado entre 0€ y 901.518,16€ que esté bien fundamentado en la aplicación de su Art. 10.2. Por su parte, la Ley 15/2007 determina las multas como un % del volumen de negocios, que debe ser previamente determinado.

 Llegados a ese punto, cualquier sanción que se imponga con la Ley 16/1989 es igualmente factible en el marco de la Ley 15/2007. Sin embargo, aunque en términos de sanción pecuniaria los organismos imputados en este Expediente no obtendrían ventaja alguna de aplicar una u otra Ley, es obvio que solicitar, compilar y procesar la información relativa a los respectivos volúmenes de negocio entraña un coste adicional. Por ello, esta SALA de COMPETENCIA no ve inconveniente en aceptar la pretensión del Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara, puesta de manifiesto en sus Alegaciones a la Propuesta de Resolución (vid. Folio Prov. 1089), de que le sea aplicada la Ley 16/1989 como más favorable.

SÉPTIMO.- Clarificado ese punto, son de aplicación el Art. 10-1-2 de la Ley 16/1989 y el Art. 64-1-2 de la Ley 15/2007, ambas de Defensa de la Competencia. Sobre esa base, y a los efectos del Expediente que ahora nos ocupa, esta SALA de COMPETENCIA de la CNMC enfatiza lo siguiente:
  (1) El mercado afectado comprende la totalidad del servicio de asistencia jurídica gratuita porque el Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara ha limitado la posibilidad de ejercer dicho servicio en su demarcación a los abogados que reúnan las condiciones analizadas en el Fundamento de Derecho TERCERO, impidiendo ese ejercicio profesional a los demás, y el CGAE lo integran todos los Colegios de Abogados españoles.
 (2) La actuación imputada al Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara se ha venido produciendo desde 1999, año de la aprobación de su Reglamento del turno de oficio; y la del CGAE desde el año 2013.
 (3) Tanto el CGAE como el Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara conocían por la Dirección de Investigación de la extinta CNC que la Autoridad de Defensa de la Competencia tiene por contrarias a la legislación vigente todas y cada una de las prácticas por las que se ha incoado el Expediente que nos ocupa (vid. Hecho Acreditado TERCERO), habiéndoles solicitado que adoptaran las medidas necesarias para ajustar su actuación a la citada legislación. Esta SALA de COMPETENCIA de la CNMC entiende que la subsiguiente inacción por parte del Colegio y el CGAE a tal efecto es un elemento agravante de su conducta infractora. 

 Por ello, esta SALA de COMPETENCIA considera apropiado imponer una multa de 30.000 euros al Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara; y al Consejo General de la Abogacía Española, una multa del 0,5% de su ingreso consolidado en 2014, lo que equivale a 59.983 euros.

 En virtud de todo lo señalado, vistos los preceptos legales arriba mencionados y los demás de general aplicación, esta SALA de COMPETENCIA de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en Sesión Plenaria del día 1 de septiembre de 2015, y en relación con los hechos examinados en este Expediente,

HA RESUELTO

PRIMERO.- Declarar probada la existencia de una infracción del Artículo 1 de la Ley 16/1989,  de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y del Artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho TERCERO de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción al Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara e imponerle la multa de treinta mil euros (30.000€).

TERCERO.- Declarar probada la existencia de una infracción del Art. 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho CUARTO de la presente Resolución.

CUARTA.- Declarar responsable de dicha infracción al Consejo General de la Abogacía Española e imponerle una multa de cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y tres euros (59.983 €).

QUINTO.- Intimar al  Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara y al Consejo General de la Abogacía Española para que en el futuro se abstengan de llevar a cabo conductas iguales o semejantes a las examinadas en la presente Resolución, y para que adecúen su operativa a la legislación vigente en materia de Defensa de la Competencia.

SEXTO.- Ordenar al Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara y al Consejo General de la Abogacía Española que difundan entre sus asociados el texto íntegro de esta Resolución (difusión que esta SALA entendería cumplida, por ejemplo, con su publicación en la página Web oficial del respectivo organismo).

SÉPTIMO.- Ordenar al Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara y al Consejo General de la Abogacía Española que acrediten fehacientemente ante la Dirección de Competencia de la CNMC el puntual y correcto cumplimiento de todo lo acordado, concretado y mandado en la parte dispositiva de esta Resolución.

OCTAVO.- Instar a la Dirección de Competencia de la CNMC para que vigile el correcto y fiel cumplimiento de esta Resolución.


 Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Competencia de la CNMC; y  notifíquese fehacientemente a las partes y a los interesados, haciéndoles saber que contra la presente Resolución no cabe recurrir en la vía previa administrativa, pudiendo hacerlo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la Audiencia Nacional.